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Teléfono rojo
Maestros generan retroceso turístico parte 2
Decíamos que por primera vez, pobladores de un destino turístico defendieron en Huatulco sus fuentes de trabajo, al desalojar a maestros manifestantes que bloquearon el aeropuerto y crearon su comité anti bloqueos por la inacción de los gobernantes. No les intimida que surjan confrontaciones, responderán a como los bloqueadores los obliguen ya que a las autoridades les da miedo actuar. Es la primera medida de esta naturaleza que emprenden miembros de la sociedad civil en México e invitan que tal iniciativa ciudadana sea imitada en otros lugares del país dañados en su economía y actividad turística, como la capital oaxaqueña o Acapulco, Guerrero.
Lo que dice la Ley
El diputado Mariano Dimayuga Terrazas promovió reformar los artículos 200 y 202 del Código Penal del Estado de Guerrero y logró un decreto el 18 de julio de 2003 que establece sanciones contra los bloqueadores de las avenidas en el estado de Guerrero, que se le identifica y se le conoce desde entonces como la Ley Dimayuga. Se basan en el derecho a ejercer la libertad de expresión pero sin afectar los derechos a terceros y al reconocimiento de que la sociedad se encuentra regulada por Normas de convivencia civilizada, así como a que los bloqueadores de las arterias atentan contra los intereses de la sociedad guerrerense: propician caos vehicular; no se permite el libre tránsito garantizado por la constitución para todos los ciudadanos en el territorio nacional; obstaculizan el transporte público; impiden llegar a tiempo a sus destinos: no se pueden prestar servicios de emergencia; y se perjudica gravemente la actividad económica y turística. Todo esto constituye una conducta delictiva, la sociedad es presa fácil de bloqueadores con el pretexto de ejercitar lo que unilateral y erróneamente consideran como libertad de expresión y no se puede dejar a una sociedad como rehén de grupos que prefieren la presión, el chantaje y el vandalismo a las vías de la legalidad y la democracia. El ejercicio de un derecho no se puede dar mediante la violación de otro. El artículo 202 indica que al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación o de transporte, se le impondrá prisión de uno a ocho años y de cincuenta a cuatrocientos días multa. Cuando derivado de lo anterior produzca el retraso de la atención médica de un enfermo, se impondrá de dos a diez años de prisión y de cien a quinientos días de multa. Cuando exista una pérdida de la función de un órgano o parte de la economía corporal, se aplicará hasta una tercera parte más de la pena señalada en la fracción anterior; y cuando cause pérdida de la vida del enfermo, se impondrá prisión de ocho a veinte años.
En la novela “Los de Abajo” (1916) de Mariano Azuela, Demetrio se rebeló contra el gobierno por la pretendida violación contra su esposa por algunos militares en plena revolución. En la trama llega a ser general en las fuerzas revolucionarias que al paso del tiempo cometen las mismas atrocidades, tanto que ya nadie sabe de qué lado está la verdad de la revolución. Las continuas luchas y saqueos han dejado tristeza y desolación. La evolución del proceso revolucionario que describe la novela, va desde la pujanza y entusiasmo iniciales, hasta la duda, desconfianza, amargura, decepción y pesimismo finales, cuando son traicionados los ideales de la lucha armada. Así son muchos movimientos sociales y el justo reclamo de justicia tiende a degenerarse y a provocar atropellos contra el mismo pueblo, como ha sido el caso del movimiento por los desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa, corrompido por la intervención de grupos belicosos, provocadores y antagónicos a la paz social y al desarrollo económico del estado de Guerrero.
En pueblos apáticos como el nuestro las reacciones suelen ser tardías o no llegar nunca. Pero ya se insinuaron en noviembre y el efecto Huatulco podría tener también sus repercusiones en Acapulco. Cuando la ciudadanía se une en su defensa todo se puede; recordemos el ejemplo clásico que refiere la obra de Lope de Vega (Madrid 1618) en la que se narra la rebelión del pueblo ante la tiranía y la injusticia del comendador por lo que deciden tomarse la justicia por su propia mano, matándolo con la seguridad de que nadie delatará al autor directo de su muerte. Ante la pregunta repetida del juez, la respuesta siempre será la misma: ¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, Señor. ¿Quién es Fuenteovejuna? Todo el pueblo, a una.
De pronto anuncia la CTEG cambio de estrategia ofreciendo evitar agresiones, tal vez sintiendo que si la autoridad no los castigará nunca, parte de la sociedad ya desea aplicarles la ley del talión o la ley bíblica del ojo por ojo, diente por diente. Lo más afectado en todo esto es nuestro desarrollo turístico, lo cual nadie debería permitirlo.
Qué necesidad de llegar a esos límites. Al revés del estribillo inicial, confiemos en que siempre, al final los buenos serán más que los malos.