MÉRIDA, Yuc., 18 de noviembre de 2017.- El elevado índice de impunidad en las agresiones contra periodistas y medios de comunicación ha generado aumento en el número de agravios que, de no atenderse, derivarán en un naufragio social y en la desesperanza de una sociedad cada vez más cansada de que la inseguridad se apodere de su vida diaria, determine sus decisiones personales y familiares, o marque con una tragedia personal sus proyectos de vida.

Tales agresiones, añadió en un comunicado, llevan el mensaje de advertencia de que lo que pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás, buscando silenciar así la libertad de expresión. Así lo expresó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha comprobado que las autoridades federales y estatales no han cumplido con su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra comunicadores, como lo demuestra el análisis de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados contra instalaciones de medios de comunicación, de las cuales sólo en 10 por ciento de los casos existía sentencia condenatoria y en el 90 por ciento restante impera la impunidad.

Al participar en el Segundo Foro Regional sobre la Libertad de Expresión y el Rol de los Periodistas y Comunicadores en México, organizado por la CNDH y la Fundación Fernando Mora Gómez, y realizado en la Universidad Autónoma de Mérida, en Yucatán, destacó que la falta de adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables y sancionarlos genera un clima de impunidad creciente que se traduce en patente para que se les hostigue, como este Organismo Nacional lo dio a conocer en la Recomendación General 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.

Explicó que en los casos de agravios a periodistas se debe poner en el centro de la violación a la libertad de expresión; investigar con perspectiva de género, estandarizar los protocolos, criterios ministeriales de investigación y mejora en los servicios periciales, promoción de legislación en materia de protección a periodistas; creación de mapas de riesgo; concientizar a los servidores públicos y a la sociedad en general sobre la importancia que tiene la libertad de expresión en la democracia, así como el respeto que merece la opinión de los demás para que se investiguen adecuadamente las agresiones a comunicadores.

La nota en Quadratín México.