América Latina, zona más peligrosa para defensa de derechos humanos: AI

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero de 2020. — Mientras millones de personas se echaban a la calle para protestar por la situación imperante de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos países de América latina restringieron en 2019 el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional, denunció Amnistía Internacional, al presentar su informe anual sobre la región.

“El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país. Pero también vimos que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva. Su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, según detalla su informe.

“Cuando el malestar social, la inestabilidad política y la destrucción medioambiental en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos humanos es más urgente que nunca. Y que nadie se engañe: los dirigentes políticos que predican el odio y la división en un intento por demonizar y minar los derechos de otras personas se encontrarán en el lado equivocado de la historia.”

Violencia desatada y represión estatal contra manifestantes

El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, para exigir rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban.

La represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En Chile, el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más.

“Cuando el malestar social, la inestabilidad política y la destrucción medioambiental en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos humanos es más urgente que nunca. Y que nadie se engañe: los dirigentes políticos que predican el odio y la división en un intento por demonizar y minar los derechos de otras personas se encontrarán en el lado equivocado de la historia”, apuntó.

En total, al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.

Latinoamérica volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defendían los derechos humanos; las personas que se dedicaban a proteger los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente estuvieron especialmente expuestas a homicidios selectivos, criminalización, desplazamiento forzado y acoso. Colombia siguió siendo el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país.

México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019. El país también sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado: creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó una alarmante ley sobre el uso de la fuerza.

La violencia por arma de fuego siguió siendo uno de los principales motivos de preocupación en Estados Unidos, donde había demasiadas armas y las leyes eran insuficientes para seguirles el rastro e impedir que llegaran a manos de personas que pretendían causar daño. Una nueva norma anunciada por la administración Trump en enero de 2020 facilitó enormemente la exportación de rifles de asalto, armas creadas con impresoras 3-D, munición y otras armas para propagar una extendida violencia por arma de fuego más allá de las fronteras estadounidenses, especialmente en otros países de las Américas. De igual modo, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firmó una serie de decretos y órdenes ejecutivas que, entre otras preocupantes consecuencias, suavizaban la normativa sobre la posesión y el porte de armas de fuego.

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