Supuestos predictivos opinables
Han pasado dos décadas y seguimos arrastrando el 2006.
Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador reaparecieron el mismo día, atrayendo la atención de la opinión pública desde sus conocidas posiciones antagónicas.
El primero acudió al foro internacional América Libre, en un hotel de la CDMX, donde un grupo de choque, disimulado tras las siglas del SME, pretendió sabotear su conferencia y luego se dirigió a Los Pinos para decapitar su estatua que yacía en el suelo desde hace más de un año.
El otro apareció de improviso en video con el pretexto de presentar un libro publicado con su nombre.
La violencia porril y simbólica contra el expresidente Calderón no fue espontánea, expresa la obsesión visceral del régimen contra su persona. Un rasgo populista es culpar al pasado de los problemas, pero como su antecesor inmediato, Enrique Peña Nieto, previendo la derrota del candidato de su partido, operó a favor de López Obrador en la elección del 2018 y prácticamente le entregó la conducción del país desde que resultó electo, suelen saltárselo para responsabilizar de todos los males a quien terminó su gestión hace casi tres lustros.
Claro, también hay una explicación histórica que es ampliamente conocida y que los actuales empoderados recuerdan como mantra desde su relato fundacional.
Aunque no hay ninguna prueba de fraude en la elección de 2006, eso no obstó para que el obradorismo lo impusiera como dogma de fe y, en consecuencia, rompiera desde entonces con la institucionalidad democrática acordada por consenso en la reforma emblemática de la transición, aprobada 10 años antes.
Lo anterior no obstó para que participaran electoralmente y se aprovecharan de la autonomía e imparcialidad de las autoridades electorales, de las reglas para garantizar equidad en las contiendas, de la neutralidad de funcionarios y de la prohibición de usar recursos púbicos y hacer proselitismo con programas sociales; pero acabaron con todo eso en cuanto se hicieron a la mala del poder hegemónico.
No hay manera de demostrar un fraude que nunca ocurrió, pero tampoco despejar las dudas, legítimas o no, sobre un resultado tan cerrado sin haber realizado un recuento total de votos. Entonces se argumentó que tal medida de transparencia sería ilegal e incluso aseguraban que, de procederse a la apertura completa, se abriría la puerta a la anulación de la elección.
En ese mismo sentido, pocos saben que la emblemática consigna de “voto por voto, casilla por casilla” solo se expresó en las calles, pues López Obrador en su recurso solo pidió la apertura de alrededor de 80 mil casillas de un universo aproximado de 135 mil, pues su estrategia jurídica se orientó hacia la nulidad.
Sin embargo, aunque el fraude sea ficticio e incomprobable, se convirtió en mito fundador del movimiento que hoy concentra el poder político y hace culto de aquel supuesto agravio, al grado de ponerlo en los libros de texto.
Sigo pensando que habría sido sano para la República -a lo mejor todavía existiría- si se hubieran construido los acuerdos y encontrado los mecanismos para llevar a cabo tal recuento total con legalidad y civilidad. La polarización que padecemos abrevó en tales lodos y es parte central de la propaganda oficial.
La detención, juicio y condena de García Luna cayó de perlas en el obradorato, aunque ese episodio que pega en la cabeza de la administración calderonista no alcanza a borrar el mayor contraste de ambas administraciones: Calderón combatió al crimen mientras AMLO lo abrazó y le abrió las puertas del poder público a cambio de apoyo electoral.
Por supuesto que hay cuestionamientos legítimos e importantes que hacer a Felipe Calderón sobre el diagnóstico y la estrategia que siguió a la luz de la expansión y recrudecimiento de la violencia que se verificó en su sexenio, algo que está vinculado paradójicamente a una política común con López Obrador: la militarización de la seguridad pública.
Lástima que la polarización deje poco espacio al debate inteligente, basado en evidencia.
No es novedad, pues, que en 2026 ambos personajes sigan confrontados, aunque la caprichosa historia los haya colocado en posiciones que hace no mucho serían inverosímiles porque el derrotero actual del país no era previsible. Los avances democráticos conquistados con tanto ahínco por la lucha de generaciones se vinieron abajo con escalofriante facilidad y muy poca resistencia.
Da para reflexionar la debilidad institucional y social de la transición que eso mostró, pero para los fines del presente escrito basta con señalar que el supuesto usurpador de hace veinte años hoy denuncia la restauración autoritaria por parte del que decía luchar por la democracia, el cual, por cierto, también presumía de honestidad y, a pesar de concentrar todo el poder, no puede ocultar la inmensa corrupción de su gobierno, misma que envuelve a sus colaboradores cercanos e incluso a su familia.
Quizá las cosas resulten más sencillas cuando el país supere el trauma del 2006 y se abran paso nuevos liderazgos. Ojalá sea pronto.