Amparo: la trampa y el retroceso

Después de las correcciones y del ruido por el aberrante transitorio, el Estado es más poderoso y el ciudadano más vulnerable ante sus abusos.

Consolarse porque la reforma pudo ser más lesiva, o porque la Presidenta enmienda públicamente la plana a los senadores de su partido por el duende desconocido que los embaucó al aprobar un agregado groseramente inconstitucional, es distraerse de lo importante.

Las notificaciones digitales y el acortamiento de los juicios son cacahuates frente a la indefensión en la que dejan a los justiciables, restringiendo sustancialmente aquello que garantiza el resguardo de derechos y que, por lo mismo, es fundamental en la efectividad el amparo: la suspensión.

El amparo sin suspensión no es amparo.

Hay otros retrocesos que admitieron matizar después de escuchar expertos, como el agregar explícitamente afectaciones colectivas para acreditar interés legítimo, el cual, de cualquier manera, acotaron, lo que en sí mismo es regresivo; pero no cedieron un milímetro en el objetivo de sacudir contra tiempos a lo que el gobierno decida hacer.

Al encarecer las suspensiones, los daños no solo corren el riesgo de volverse irreparables, personas y empresas quedan a merced del Leviatán y, por tanto, sujetas a la extorsión del poder público.

En materia fiscal y congelamiento de cuentas no habrá posibilidad de defensa efectiva.

En lo que dure el juicio que, pese a plazos establecidos, podrán alargar lo que deseen –en México hay experiencia al respecto- estrangularían las finanzas de personas y empresas. Es una forma gangsteril de control político desde el gobierno.

Tampoco podrá evitarse la construcción de obras quela autoridad considere estratégicas, a pesar de la falta de estudios obligados por la ley y el potencial daño que puedan causar.

Usarán el concepto de utilidad pública para negar suspensiones, adelantando el resultado del juicio.

Por eso Layda Sansores se jacta de que los amparos no procederán para detener la expropiación de propiedades que, en esta ocasión, ligan a Alejandro Moreno, pero luego podrían ser de cualquiera.

Además, será difícil encontrar juzgadores que resuelvan contra el gobierno, aunque la contraparte tenga razón, sabiendo que el Tribunal de Disciplina vigila sus resoluciones y habiendo sido electos gracias a los acordeones distribuidos por el oficialismo y su partido.

En el libro Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se observa las autocracias populistas utilizando al fisco como instrumento de coacción de empresarios, así como de persecución de organizaciones civiles, medios de comunicación, periodistas, disidentes y activistas; lo que hemos visto hacer al obradorato con el SAT y la UIF.

 El testimonio de Ciro Gómez Leyva en No me pudiste matar es revelador al respecto.

 Con los cambios a la Ley de Amparo quedamos a la intemperie frente a las venganzas del poder.

La justificación de la reforma que esgrimen, expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es acabar con los abusos de la figura por parte de grandes contribuyentes.

Algunos voceros y legisladores oficialistas de plano señalan que está pensada para obligar a Ricardo Salinas Pliego a pagar lo que dicen que debe al fisco, como parte de una estrategia para quitarle la concesión de TV Azteca.

De hecho, esa fue la explicación del despropósito de aprobar el transitorio de retroactividad en los pasillos del Senado.

Lo que hicieron está en el manual del autócrata populista, descrito por Levitsky y Ziblatt, pero es falso que vayan a afectar solo a uno o a un grupo de empresarios, pues las leyes son de aplicación general, es decir, afecta a todos; nos van a tener dentro de su puño autoritario.

 Por eso, entre otras muchas razones, es una aberración legislar con dedicatoria.

El mentado transitorio no solo es prescindible, es un distractor, lo mismo que las modificaciones hechas tras el foro de consulta, aunque éstas sean pertinentes.

Que la reforma quedara “menos pior” no quita gravedad a lo aprobado.

 Debilitaron fehacientemente el último reducto de defensa de los gobernados frente a actos de un Estado sin contrapesos, en perjuicio de los derechos humanos.

Es el imperio de la arbitrariedad.