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CHILPANCINGO, Gro. 29 de diciembre de 2014.- La noticia de que 43 estudiantes fueron desaparecidos y de que sus restos podrían haber sido enterrados en una fosa clandestina no debió haber tomado por sorpresa a los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero.
De acuerdo con la información difundida en el portal del Gobierno, misma que recoge SinEmbargo, el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos es una actividad nada inusual para la dependencia.
Un primer operativo de exhumación realizado este año aparece reportado el 9 de febrero, cuando elementos del Ministerio Público del estado junto con personal del Ejército (que fueron quienes recibieron el “reporte” de la existencia de las fosas) encontraron 12 cuerpos sepultados de manera clandestina en excavaciones localizadas en las comunidades de Puente Campuzano y Mezcaltepec, en el municipio de Taxco de Alarcón.
El 17 de abril siguiente, poco más de dos meses después, policías ministeriales y demás elementos de la misma dependencia reportaron haber encontrado otras cuatro fosas, esta vez con siete cuerpos, en la colonia San Miguelito, en el municipio de Iguala.
El 20 de mayo siguiente, apenas un mes después, la Procuraduría reportó otro hallazgo, esta vez cuatro fosas con nueve cuerpos, también en Iguala, pero en la colonia Lomas del Zapatero.
El 7 de junio siguiente, la Procuraduría reportó que “derivado de una denuncia anónima y trabajo de inteligencia, se logró la ubicación” de otras cinco fosas clandestinas, “en cuyo interior se encontraron once osamentas en avanzado estado de descomposición”; en esta ocasión, a la altura de un puente del paraje denominado Tlahuizapa, en el municipio de Eduardo Neri.
En total: al menos cuatro rastreos con el hallazgo y la exhumación de 36 cadáveres -personas secuestradas, asesinadas y enterradas de manera ilegal- hasta la primera mitad del año.
A finales de septiembre, el reporte de la desaparición de 43 estudiantes normalistas que habían sido detenidos por policías municipales en Iguala motivó un despliegue sin precedentes de agentes asignados a la búsqueda y que, reportó el Gobierno federal, llegó a ser de hasta 10 mil elementos.
Así, en octubre 5, el Ministerio Público del Estado de Guerrero reportó que las declaraciones de dos detenidos habían conducido al hallazgo de seis fosas clandestinas en la localidad de Pueblo Viejo, donde, según las mismas declaraciones, habría 17 cadáveres.
Al tomar la investigación, la PGR concluyó que se trataba de los restos de 28 personas enterradas en cinco de esas seis fosas y que ninguno pertenecía a alguno de los normalistas.
Cuatro días después, el 9 de octubre, la PGR informó haber encontrado otras cuatro fosas en las inmediaciones del rancho La Sierpe, también en Pueblo Viejo, todavía bajo la premisa de que podrían ser los “restos de los estudiantes asesinados”, encontrando ocho cadáveres.
El 22 de octubre siguiente, la misma dependencia encontró una fosa más en el mismo sitio donde la Fiscalía guerrerense había descubierto las primeras seis.
De esa tumba salieron dos cuerpos más. Once fosas clandestinas encontradas en 17 días, de acuerdo con lo que indicó el boletín de la PGR de ese mismo 22 de octubre, y diez de ellas con los restos de 28 personas. En promedio, más de una víctima de desaparición o de secuestro asesinada y enterrada de manera ilegal encontrada por día, y sólo en Iguala, Guerrero.
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