Apenas 50 casas de 317 prometidas a damnificados en Chilapa

CHILPANCINGO, Gro., 17 de febrero de 2016.- A casi tres años de las contingencias causadas por Ingrid y Manuel, familias damnificadas de la comunidad de San Marcos Majada de Toro en Chilapa, denunciaron que apenas este enero 2016, les entregaron 50 de las 317 viviendas que les prometió el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Sin embargo, de estas 50 casas entregadas y que fueron edificadas por la Constructora Grupo de Oro, 17 tienen deficiencias físicas como grietas por donde se filtra el agua, además carecen de un muro de contención.

Este miércoles, ciudadanos de San Marcos Majada del Toro reubicados en Xicahuixtlahuac, acudieron a la delegación de Sedatu en Chilpancingo, para volver a firmar una minuta de acuerdos con la dependencia “sobre la construcción de las casas”.

En entrevista, Pedro Reynoso ciudadano que se convirtió en gestor de su comunidad, indicó que en la reunión que tuvieron este miércoles con el delegado de la Sedatu, Juan Manuel Armenta se comprometió a que en marzo iniciará la construcción de 217 casas y serán entregadas en este año.

También se comprometieron que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) construirá las otras 50 viviendas.

Pedro Reynoso reveló que las 50 viviendas que corresponden a la primera etapa, y debían ser entregadas en 2014, presentan fallas y contó que cuando la empresa estaba realizando la obra la población denunció ante la Sedesol, cuyo delegado era Juan Manuel Armenta y ahora ocupa ese mismo cargo en la Sedatu, sin embargo éste no atendió las denuncias.

El ciudadano refirió que debido a la lentitud de los trabajos de reconstrucción, cerca de 80 familias se regresaron a la comunidad de San Marcos Majada de Toro pese a que esa zona representa una zona de alto riesgo, debido a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Subsecretaría de Protección Civil del Estado emitieron un dictamen en el que señala que la comunidad “es de alto riesgo”.