Aprueban en Congreso de Guerrero nueva Ley para sancionar desapariciones

CHILPANCINGO, Gro., 16 de julio de 2026.- Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Número 560 para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas.

La reforma fue impulsada por colectivos de familiares de víctimas y sustituye la legislación vigente, expedida en 2005.

Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la diputada Araceli Ocampo Manzanares aseguró que la nueva legislación es resultado de años de lucha de los colectivos de búsqueda y recordó que ella misma vivió la experiencia de buscar a un familiar desaparecido.

La diputada afirmó que la iniciativa fue construida a partir de las propuestas de los colectivos y no desde las instituciones.

"Esta nueva ley es el resultado de una lucha incansable de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición", sostuvo.

Entre los principales cambios, la ley considera la creación del Centro Estatal de Identificación Humana; regula los Centros Temporales de Resguardo Humano; establece registros estatales interoperables con plataformas nacionales; crea un Banco Estatal de Datos Forenses, y fortalece el Sistema Estatal de Búsqueda como un órgano permanente de coordinación.

Ocampo Manzanares explicó que la norma armoniza la legislación estatal con la Ley General en la materia y reconoció que aún existen retos pendientes.

La diputada dedicó la aprobación de la ley a los desaparecidos José Molina Rodríguez, Vicente Suástegui, Rosendo Radilla Pacheco y Octaviano Gervacio Benítez, así como a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Durante la discusión, la diputada María Irene Montiel Servín afirmó que la legislación no surgió de la generosidad del poder, sino del trabajo de los colectivos que, desde 2018, impulsaban una nueva ley.

También pidió que la Comisión Estatal de Búsqueda funcione realmente como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno; que su titular sea designado mediante convocatoria pública, y que se asignen recursos suficientes para hacer efectiva la norma.

Por su parte, la diputada Marisol Bazán Fernández, quien dijo que es familiar de una víctima de desaparición forzada, señaló que la aprobación demuestra que las víctimas han dejado de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de la construcción de soluciones.

La diputada Beatriz Vélez Núñez destacó que la nueva ley coloca en el centro la dignidad humana y establece mecanismos claros para la búsqueda inmediata y una respuesta oportuna por parte de las autoridades.

Por su parte, el diputado Jesús Urióstegui García informó que el dictamen fue producto de 22 reuniones de trabajo con más de 15 colectivos de familiares, entre ellos Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, el Colectivo María Herrera y el Colectivo Lupita Rodríguez Narciso.

Añadió que además del consenso alcanzado con las familias, la iniciativa contó con la opinión técnica del gobierno del estado para garantizar su viabilidad jurídica y operativa.