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CHILPANCINGO, Gro., 22 de marzo de 2018.- El Congreso del Estado aprobó un segundo exhorto al gobierno estatal y al municipal de Ayutla, para que en el ámbito de sus competencias instruyan a las instituciones de seguridad para el pleno desarrollo del proceso electivo de ese municipio y al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a gestionar el uso de la fuerza pública para garantizar el desarrollo.
El punto de acuerdo fue propuesto por el perredista Raymundo García Gutiérrez y aprobado con el voto en contra de Morena. El recién nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política Héctor Vicario Castrejón consideró que el exhorto era válido y que le agregaría que los partidos políticos no generen conflicto en esa demarcación, con el fin de que se dé certeza a la elección.
Quadratín Guerrero informó que el martes se aprobó un exhorto para que el gobierno estatal y municipal intervengan en el desarrollo en paz del proceso, a raíz de los conflictos que se han registrado en torno a este.
Asimismo a propuesta del perredista Perfecto Rosas Martínez, se aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que establezcan los mecanismos y procedimientos de entendimiento entre los representantes de la minera Media Luna en Cocula y los trabajadores, para que se garantice el respeto y pleno ejercicio de sus derechos laborales.
Planteó que además del impacto ecológico que ha dejado la mina, los reiterados conflictos entre patrones y trabajadores han llegado a enfrentamientos violentos que han dejado tres muertos, y a la fecha continúa la movilización.
El segundo punto del exhorto se dirige al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que instruya a los titulares de las secretarías de Gobierno, de Desarrollo y Fomento Económico y de Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con sus similares del gobierno federal, establezcan espacios e instancias de diálogo y negociación entre los trabajadores y la empresa minera, que permitan alcanzar acuerdos y entendimientos para resolver el conflicto y reestablecer con normalidad su actividad.