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CHILPANCINGO, Gro., 10 de marzo de 2026.— Con 38 votos a favor, el Congreso de Guerrero aprobó una reforma a la legislación laboral de los trabajadores del sector público estatal y municipal para fortalecer la autonomía sindical y evitar la intervención de autoridades en la vida interna de los sindicatos.
El dictamen modifica la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, con el objetivo de consolidar la libertad sindical y garantizar la independencia de las organizaciones de trabajadores.
El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, Marco Tulio Sánchez Alarcón dijo que se trataba de una reforma de “alta relevancia constitucional, laboral e institucional”, cuyo propósito es impedir cualquier forma de injerencia indebida del poder público en los sindicatos.
De acuerdo con el legislador, la reforma establece que las organizaciones sindicales deberán contar con protección frente a intervenciones de servidores públicos, particularmente en procesos internos como la elección, reelección o destitución de sus dirigencias.
“El espíritu de esta reforma es inequívoco: impedir que la autoridad interfiera en la vida interna de los sindicatos y establecer consecuencias jurídicas reales cuando ello ocurra”, afirmó.
Sánchez Alarcón añadió que la modificación normativa no restringe derechos ni invade competencias federales, sino que armoniza la legislación estatal con los estándares establecidos a nivel nacional, con el fin de garantizar que las dirigencias sindicales surjan de la voluntad libre de sus bases.
Durante la discusión, la diputada de Morena Citlali Calixto Jiménez sostuvo que la reforma busca eliminar estructuras corporativas de poder que durante años distorsionaron la representatividad sindical, y recordó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 15 de diciembre de 2025 marcó un precedente en la materia.
Por su parte, la diputada del PRI Beatriz Vélez Núñez expresó su respaldo a la armonización legislativa y afirmó que siempre ha defendido la democracia sindical.
En contraste, la diputada del PAN María Irene Montiel Servín denunció presuntas presiones políticas dentro del magisterio. La legisladora afirmó que cuenta con evidencias de que el líder del SNTE, Silvano Palacios Salgado envió representantes a centros de trabajo para promover la afiliación de maestros a Morena.