CHILPANCINGO, Gro., 13 de marzo de 2019.- Con el voto en contra del PRI, PRD, PVEM y PAN, el Congreso de Guerrero aprobó por mayoría la reforma constitucional que avala la prisión preventiva oficiosa para los delitos ampliados, aprobados por el Congreso de la Unión, los cuales fueron considerados por la fracción priísta como un instrumento de vendetta política.

La 62 Legislatura de Guerrero sesionó este miércoles en dos ocasiones para aprobar la reforma al artículo 19 constitucional, lo que provocó discusión en el pleno, sin embargo, Morena hizo valer su mayoría con 24 votos a favor, contra 18 del resto de los partidos y a lo que se le restaron también cuatro ausencias.

A nombre del PRI, el diputado Jorge Salgado Parra dijo que la prisión preventiva violenta los derechos del imputado y la presunción de inocencia y el debido proceso se ve mermado, pues al detenerlo antes de investigar se le señala como culpable.

Asimismo, consideró que se expondrá a las personas a detenciones arbitrarias y se limita severamente el derecho a la libertad personal.

“La mayoría (de los delitos agregados son) de carácter político, por ende, sería instrumento de vendetta política del gobierno, espero que de quienes la aprueben a nadie se les quiera aplicar este supuesto”, expresó.

En defensa subió el diputado de Morena Moisés Reyes Sandoval, quien expresó “ya salió el peine” por el tema político abordado por Salgado Parra, a quien dijo que si tanto le causa “escozor” hubieran presentado iniciativas como diputado federal.

También señaló que el PRI ha señalado que el sistema de justicia penal es una puerta giratoria, por lo que cuestionó “cuál es el fondo del asunto”, pues ahora que tienen la oportunidad de avalar la prisión preventiva para que los imputados enfrente su proceso detenidos hay voces en contra.

Consideró que el sistema de justicia penal no funciona en Guerrero porque no se han dado los elementos, por lo que consideró que no es punitiva sino cautelar; dijo no tener miedo a las reformas, y no creer “en el canto de las sirenas” que aseguran que van a meter a todos a la cárcel.

A nombre del PRD subió al estrado Bernardo Ortega Jiménez, quien aseveró que la prisión preventiva oficiosa para un mayor número de delitos significa un retroceso y representa violaciones a los derechos humanos

Dijo que significa un proceso peligroso para los ciudadanos porque se da un grave retroceso, se desdibuja el debido proceso y además, expresó, no se debe olvidar que el Estado mexicano ha sido condenado en múltiples ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues si en 2008 y 2011 se avanzó en el sistema penal ahora se pretende abandonar ese avance e imponer una medida errónea contraria a derecho.

Advirtió que con ello, los casos contra el Estado continuarán en la Corte y las condenas en su contra aumentarán lo cual, indicó, se deberá recordar dentro de cinco años, tiempo establecido por el dictamen para evaluarlo.

Dijo que el voto en contra no es venganza personal sino para que no se cometan injusticias, y que no se debería votar a favor “por indicaciones del tlatoani mayor”.

También señaló al Congreso de la Unión de avasallador y de poner oídos sordos pues se pasaron por alto las técnicas jurídicas además de no respetar ni los foros que ellos mismos organizaron al respecto, así como las opiniones que a nivel nacional se emitieron con respecto a la propuesta de reforma, que sería violatoria a los derechos humanos.

Los diputados ausentes a las sesiones fueron del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán; del PRI Aracely Alhelí Alvarado González; de Movimiento Ciudadano Arturo López Sugía, y del PT Leticia Mosso Hernández.

La ampliación de delitos en los que se aplicará la prisión preventiva son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

De estos, los considerados de carácter político son el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y los delitos en materia de hidrocarburos.