“Aquí el alcalde no es nadie, a la delincuencia la protege el Congreso”

Con una tasa de 2.5 homicidios por semana, Chilapa hace honor al significado de su nombre: “El río rojo”

CHILAPA, Gro., 31 de mayo de 2015.- En Chilapa el alcalde no tiene poder, la única ley válida es la que dicta la delincuencia organizada. Con una tasa de 2.5 homicidios por semana, este municipio hace honor al significado de su nombre: “El río rojo”.

“La estrategia de los alcaldes es sobrevivir a la presión, a las amenazas y a los chantajes de los grupos criminales, de Los Rojos y Los Ardillos”, admite el empresario José Díaz Navarro.

“En 2014 se registraba un asesinato cada cinco días. En lo que va de 2015 ya tenemos un registro de 50 asesinatos, es decir, uno cada tres días. Es un incremento significativo de la violencia”, detalló el empresario, que desde 2014 inició la búsqueda de cinco familiares que fueron privados de la libertad por un grupo armado y de los que aún desconoce su paradero.

Para Díaz Navarro, la escalada de violencia en Chilapa tiene una sola explicación: “a la delincuencia organizada la protege el Congreso de Guerrero”.

El señalamiento es directo contra Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, coordinador de los diputados del PRD, hijo del supuesto fundador del cártel Los Ardillos, Celso Ortega Rosas y hermano de Antonio y Celso Ortega Jiménez, presuntos líderes actuales del grupo criminal.

Desde hace dos años, Chilapa registró repunte en la violencia: asesinatos, balaceras, desapariciones, extorsiones y secuestros.

La ingobernabilidad llegó a su punto máximo el 9 de mayo de 2015, con la irrupción de 300 hombres armados y encapuchados a la cabecera municipal.

Durante cinco días el grupo armado azoló Chilapa. Tras su retirada, el 14 de mayo, dejaron una estela de desaparecidos. Formalmente hay registro de 16, aunque la población habla de una cifra similar de casos sin denunciar.

Los familiares de las víctimas señalan a un único culpable: el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez.

“Pudiéramos pedir la renuncia del alcalde, la del secretario de Seguridad Pública municipal, pudiéramos pedir hasta la renuncia del gobernador Rogelio Ortega Martínez, pero eso no va a resolver la situación de violencia e inseguridad que se vive en Chilapa, porque al cártel de Los Ardillos lo defienden desde el Congreso”, advierte Díaz Navarro.

Ayer por la tarde, los familiares de los desaparecidos se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián y con el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.

Pidieron la aparición con vida de sus familiares. También exigieron que se investigue al diputado Bernardo Ortega.

“Las autoridades tienen que indagar el nivel de participación que Bernardo Ortega tiene por su familia, por sus hermanos. Nosotros creemos que él es la causa por la cual no avanzan las investigaciones para dar con nuestros familiares desaparecidos”, sentenció Díaz Navarro.

Aseguró que los comisarios que encabezaron la irrupción armada a Chilapa reciben protección por parte de Los Ardillos, cártel encabezado por los hermanos del presidente del Congreso de Guerrero.

En específico se refirió a los comisarios de El Jaguey, Xiloxuchican, San Pedro, San Ángel, Ayahualulco y pueblos circunvecinos.

“Todos ellos se sienten muy prepotentes, siguen amenazando con que van a venir a sitiar Chilapa otra vez. Se sienten muy protegidos, muy bien armados, esa es otra muestra del apoyo político que reciben desde el Congreso.

El propio Bernardo Ortega ha reconocido ante la prensa que los líderes de Los Ardillos son sus hermanos, que se dedican al narcotráfico. Él les da su apoyo político, tienen la fuerza del Congreso”, recriminó.

De acuerdo con el empresario, Los Ardillos ya preparan una segunda irrupción armada a la cabecera municipal.

Aseguró que las comunidades que participaron en la irrupción del 9 de mayo están vinculadas con dicho grupo delictivo: Acalco, Juxtlahuaca, Ayahualulco, Vista Hermosa, Cuauhtenango, Tlamixtlahuacan, Cuauhtzingo, Matlala, San Pedro, Jaguey, Xiloxuchican, Zacazonapa, Colotepec, San Ángel y Atenxoxolo.

Sin embargo, admitió que no todos los pobladores que participaron en la irrupción armada lo hicieron de manera voluntaria.

“Hay mucha gente que está siendo obligada, hay gente inocente que está siendo presionada. Si no participan los multan y las multas varían entre los 500 pesos hasta 2 mil. Ahorita Los Ardillos están visitando algunas comunidades para que la gente se sume a la próxima irrupción armada. La amenaza sigue latente”, advirtió el empresario José Díaz Navarro.

*** Que el PRD dé la cara ***

Los familiares de los desaparecidos sostienen que no habrá justicia ni paz mientras no se investigue al diputado Bernardo Ortega Jiménez y la protección política que supuestamente brinda al cártel de Los Ardillos.

Por ello, exigieron que el legislador pida licencia para separarse del cargo y sea investigado por las autoridades.

También pidieron que el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruíz, visite el municipio de Chilapa y platique con los familiares de las víctimas del grupo armado.

“Que venga a dar la cara por el diputado Bernardo Ortega, porque nosotros tenemos información de que está protegiendo a Los Ardillos. Queremos que él quede fuera del Congreso, que se le abra un expediente, que lo citen a declarar, que dé información de sus hermanos. Si de verdad está limpio, que pida licencia y que venga a dar la cara, que venga a Chilapa, aquí lo esperamos. Que venga a platicar con los familiares de los desaparecidos y que no traiga a 50, 100, 200 sicarios, que dé la cara, que venga sólo”, exigió el empresario.

*** Bajo amenaza ***

Tras iniciar la búsqueda de dos hermanos y tres primos desaparecidos desaparecidos y posteriormente organizar y encabezar a los familiares de las víctimas de la irrupción armada, José Díaz Navarro ha sido víctima de persecución.

Sabe que los señalamientos que hace públicamente contra el diputado Bernardo Ortega son serios y puede tener represalias.

“El diputado ya me ha mandado mensajes a través de algunos medios, de algunos periódicos, diciéndome que no me meta con él. Una noche, como a la una de la madrugada, fueron tres hombres armados y estuvieron afuera de mi casa. Después de eso han ido hombres y toman fotografías”, comentó.

Reconoció que varias familias que sufrieron la desaparición de algún miembro durante la irrupción armada optaron por huir de Chilapa.

En un primer momento, al menos 30 familias se acercaron a él para solicitar apoyo en la integración de las denuncias. Posteriormente la cifra cayó a 18 y actualmente sólo permanecen 14.

Sin embargo, se han integrado personas que buscan a familiares que fueron desaparecidos en fechas previas a la irrupción armada. Algunos de ellos pertenecen a las etnias náhuatl y tlapaneca, por lo que recurrieron a la ayuda de una traductora para integrar las denuncias.

Surgen nuevas desapariciones

Casiana Nava Rodríguez forma parte del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; hace algunos días se sumó en apoyo a los familiares de los desaparecidos, para ayudar como traductora para los indígenas náhuatl y me phaa.

Como traductora acompaña los casos de Roberto Santos Cruz, de 24 años y Juan Santos Santiago, de 19, dos indígenas de la comunidad El terrero 1, anexo de San Jerónimo Palantla, desaparecidos desde el 30 de diciembre de 2014.

“Ellos vinieron a Chilapa con sus mamás y quedaron de encontrarse nuevamente al mediodía, pero ya no regresaron. Desde entonces no se sabe nada de ellos”, relató Casiana Nava.

Juan era campesino y Roberto trabajaba como chofer en la cabecera municipal de Chilapa.

Otro caso es el de Miguel Sánchez Mateos, de origen tlapaneco, un joven de 24 años dedicado a la albañilería que desapareció el viernes 12 de diciembre de 2014.

Su padre, también llamado Miguel Sánchez, pide que por lo menos le entreguen el cuerpo para darle sepultura.

“Mi hijo no se dedicaba a otra cosa, estaba trabajando en la construcción. Ya va a cumplir seis meses que desapareció y no tengo ninguna pista, no tengo nada. Yo le di seguimiento hasta donde pude. Quiero que me lo entregues, si está vivo, pues bien, si ya no está vivo, ni modo, pero que me lo entreguen”, rogó el padre.

En un municipio donde las desapariciones y asesinatos ocurren a plena luz de día, el empresario José Díaz Navarro asegura que, sin importar quién llegue al poder, la violencia perdurará.

Advierte que sólo hay un camino: “frenar a la delincuencia desde su origen, ponerle un alto al diputado Bernardo Ortega”.