Autodefensas, a 5 años de su surgimiento

MORELIA, Mich., 26 de febrero de 2018.- En sus huertas de limoneros, con el olor de los azares, frente a la brisa del mar y otros en las trincheras de la política, es como hoy viven los que un día fueran líderes de los extintos grupos de autodefensa, mientras que otros, los de la línea de frente en el panteón descansan, o esperan sentencia en prisión.

Desde la muerte de Julio Zepeda, hermano del Comandante Tetos, Héctor Zepeda, hasta el pasado 24 de septiembre de 2017 han muerto 58 civiles, algunos de ellos durante el movimiento de grupos de autodefensa, otros asesinados en fechas recientes cuando la lucha ya había terminado. O por lo menos ese es el número de muertes conocidas en la prensa.

La lucha cruenta entre el crimen organizado y los autodefensas cobraron la vida de Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo; Abelino Mendoza Valencia; Santiago Moreno Valencia, el que fuera candidato por Morena a la alcaldía de Yurécuaro; Enrique Hernández Salcedo; Camilo Santana Aguirre, el hijo de Hipólito Mora; y la más reciente, la de Tonatiuh Hernández Alba, en Pátzcuaro, solo por recordar algunos de los nombres más representativos.

Además, 16 simpatizantes y autodefensas que fueron asesinados por las fuerzas armadas en las instalaciones de la presidencia municipal de Apatzingán, la madrugada de un 6 de enero de 2015, cuando el comisionado para la Seguridad Integral de Michoacán era Alfredo Castillo Cervantes y el líder del grupo G-250 fuera Nicolás Sierra Santana, hoy presunto líder del grupo delictivo Los Viagra.

Como era de esperarse, al ser Buenavista y Tepalcatepec los pueblos donde todo comenzó, las expresiones de la violencia ahí se recrudecieron, lo mismo que en municipios donde habían encontrado eco las autodefensas como Apatzingán, Uruapan, Tumbiscatío y Lázaro Cárdenas, territorios de constantes enfrentamientos. La firme convicción por acabar con los Caballeros Templarios, responsables de los homicidios, cobros de cuotas a empresarios, secuestros y levantones no les alcanzó para lograr el cobijo de las autoridades ni fue un manto inagotable de protección.

Además de los muertos, más de 400 familias vivieron, o viven, en la zozobra del futuro de sus hijos, hermanos, padres, madres o parientes que fueron detenidos y procesados por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, muchos de los cuales siguen en el penal David Franco Rodríguez, luego de que cerraran el penal de Morelia por las malas condiciones en que vivían los internos.

El proceso en que van las acusaciones de quienes siguen en prisión, que son poco más de 200, se ignoran. Fuentes oficiales al interior de la Delegación de la Procuraduría General de la República rechazaron la posibilidad de una entrevista con el nuevo delegado, Jesús López Trujillo. La razón es que no existe autorización de la Federación para dar entrevistas a los medios, salvo que se presente la oportunidad cuando asista a un evento público, cosa que no ha pasado desde que llegó a Michoacán.

Y mientras esos casi 200, como han difundido distintos medios de comunicación, siguen en la cárcel sin saber para cuándo los condenan o los dejan libres, los líderes han regresado a cuidar de sus huertas de limoneros, como Hipólito Mora; José Manuel Mireles Valverde, luego de por fin recobrar su libertad, se cuida de un mal cardiaco en la Costa Nahua de Michoacán, en compañía de Semeí Verdía, agricultor y comandante de un grupo de rurales, que siguen armados bajo el amparo de la Ley de Usos y Costumbres.

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