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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2024.- Por unanimidad de 106 votos, todos los grupos parlamentarios del Senado aprobaron, en lo general, la octava reforma constitucional para que los trabajadores puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
La reforma constitucional del llamado Plan C que heredó el anterior Gobierno, modifica el artículo 123 de la Carta Magna, en materia de vivienda para las personas trabajadoras y plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas.
Estable obligación se tiene que cumplir mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.
Este fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para su adquisición o mejora, para la obtención de suelo o para la construcción de vivienda, en los términos que fije la ley.
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