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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2019.- Por unanimidad de todos los grupos parlamentarios con 27 votos a favor, la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular sin ningún cambio al dictamen, la reforma en materia de Guardia Nacional.
Con ello, en la sesión de este martes la Mesa Directiva en San Lázaro realizará el trámite correspondiente al darle primera lectura para que el jueves suba al Pleno y sea discutido y eventualmente aprobado por los legisladores.
En una reunión de apenas una hora, los integrantes de la comisión, correspondiente a los ocho grupos parlamentarios, coincidieron en saludar los cambios realizados a la minuta enviada por el Senado y reconocieron la actitud del partido mayoritario de avalar estas modificaciones.
Durante la reunión se dio lectura a una comunicación enviada por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, en la cual se reconocen los acuerdos alcanzados por los senadores, como el que se haya dejado de lado el carácter militar de la Guardia Nacional, y con ello haber reducido riesgos de violación a derechos humanos, además de eliminar las detenciones en instalaciones militares.
Sobre las modificaciones avaladas se establece que el mando de la Guardia Nacional será civil, será una institución policial adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública y se regirá por una doctrina policial.
En ésta, no se determina un mando mixto, ni una junta de jefes de estado, ni un ente similar.
Sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, esta tendrá un carácter temporal de cinco años, y estará normado, subordinado, complementario y fiscalizado, por lo que se deberá informar de sus actividades al Senado.
Además tendrá controles institucionales, donde se señala que el Senado analizará y aprobará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los informes anuales de la Guardia Nacional.
En lo que respecta al fortalecimiento de las policías, se refiere que los gobiernos estatales diseñarán una evaluación y programa de fortalecimiento de las capacidades policiales de estados y municipios.
Asimismo se establecerá un esquema de inversión corresponsable entre federación y estados, y se evaluará el cumplimiento de metas.
De igual forma, se deja en claro que habrá una coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con entidades federativas y municipios, y la ley preverá los supuestos y mecanismos.
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