CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2019.- Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del Estado mexicano, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

A su vez, subrayó que se trata de una oportunidad para potenciar los cambios de fondo en el sistema judicial, que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus garantías y saldar una deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia.

Cuando un acto de desaparición forzada de un ser querido perdura y se prolonga, amplifica el sufrimiento hasta que sea resuelto su paradero y se haga justicia. “Además, afecta toda la sociedad y también —yo diría— socava la democracia”, conminó a que nadie debe ser sometido a ese calvario.

La Oficina que preside la ex mandataria chilena confió en la implementación de las recomendaciones de organismos en la materia, incluyendo las del Informe de Oficina llamado Doble Injusticia.

“Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”, expresó Bachelet, al referir que es el mismo estándar que debe regir el caso Ayotzinapa.

La ex presidenta de Chile señaló que el caso Ayotzinapa es paradigmático al mostrar la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el sistema para atender los derechos humanos.

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