Buscan apelar permiso de explotación de recursos en comunidad indígena

CHILPANCINGO, Gro., 11 de noviembre de 2016.- Integrantes de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa, en Canadá, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEl) entregaron este viernes, un escrito amicus curiae ante el juzgado primero del vigésimo primer circuito en Guerrero, para apelar la declaratoria de libertad de terreno emitida por la Secretaría de Economía, en la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec.

En conferencia de prensa, Daniel Cerqueira de DPLF, con sede en Washington D. C., explicó que la declaración emitida por la Secretaría de Economía en diciembre del 2015 deja abierta la posibilidad para que particulares puedan obtener concesiones para exploración y explotación de recursos naturales en la comunidad indígena me’phaa de San Miguel de Progreso.

En su intervención, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que el documento representa un avance para apoyar y proteger a los pueblos indígenas de Guerrero.

Asimismo, argumentó que es preocupante que el gobierno del estado, encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores, declare que “tenga proyectos estratégicos y en ello se incluya la minería, a costo de desplazar familias porque las mineras implementan la minería de cielo abierto y, tanto las mineras y el gobierno no se preocupan por reparar la contaminación”.

Amicus curiae, locución latina que significa amigo de la corte, es una figura del derecho utilizada para permitir a terceros ajenos a un litigio, pero que poseen un interés justificado en la resolución de éste, promover voluntariamente una opinión mediante la cual aporten elementos que pueden resultar trascendentes al momento de que el juzgador resuelva sobre la materia del litigio.