Buscan en Guerrero que alcaldes suplan a síndicos en facultades legales

CHILPANCINGO, Gro., 17 de junio de 2026.- Con el objetivo de garantizar la continuidad de la representación jurídica de los ayuntamientos ante la ausencia de la persona titular de la sindicatura y de quien legalmente deba suplirla, fortaleciendo con ello la gobernabilidad y la capacidad de actuación institucional de los gobiernos municipales, la diputada Glafira Meraza Prudente presentó una iniciativa de ley.

Un boletín indicó que, al exponer la propuesta con proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la legisladora señaló que los municipios constituyen el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y la primera instancia a la que acuden las personas, por lo que es indispensable que cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para responder de manera oportuna y eficaz.

Explicó que, actualmente, dicha ley establece que corresponde a la persona titular de la sindicatura la representación jurídica del ayuntamiento; sin embargo, existen circunstancias extraordinarias —como licencias, separaciones del cargo e impedimentos legales— que pueden generar la ausencia temporal o indefinida de quien desempeña dicha función, provocando dificultades para atender procedimientos judiciales, administrativos y actos jurídicos indispensables para el funcionamiento municipal.

Por ello, la iniciativa plantea que, en ausencia de la persona titular de la sindicatura y de su suplente legal, la persona titular de la presidencia municipal pueda asumir la representación jurídica del ayuntamiento, con la finalidad de evitar vacíos de actuación legal, retrasos administrativos, riesgos patrimoniales y afectaciones en la prestación de los servicios públicos.

La diputada destacó que esta propuesta no pretende sustituir las atribuciones de la sindicatura, sino brindar una solución jurídica ante escenarios excepcionales que puedan afectar la operatividad de los gobiernos locales. De este modo, se garantiza la continuidad de las funciones institucionales en beneficio de la población, se fortalece la gobernabilidad municipal, se protege el patrimonio público, se brinda certeza jurídica y se promueven administraciones más eficientes.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación.