Buscan fortalecer rigor jurídico en dictámenes del Congreso de Guerrero

ACAPULCO, Gro., 17 de abril de 2026.- El diputado Alejandro Carabias Icaza propuso reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, con el fin de establecer la obligación de incluir análisis de constitucionalidad y convencionalidad en los dictámenes legislativos.

Según un boletín, asimismo, la propuesta busca facultar a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para emitir opiniones técnicas de viabilidad jurídica que reduzcan el riesgo de que las leyes sean invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la iniciativa, queanaliza la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el legislador expone que el dictamen no solo cumple una función formal dentro del procedimiento legislativo, sino que constituye el espacio en el que se expresan las razones que justifican la creación, modificación o derogación de normas. Por ello, su contenido debe responder a los más altos estándares de rigor jurídico.

Señaló que la ausencia de un análisis sistemático de constitucionalidad y convencionalidad dentro de los dictámenes incrementa el riesgo de que las disposiciones sean impugnadas y, eventualmente, invalidadas.

Por lo anterior, propone adicionar una fracción al artículo 256 de dicha ley para establecer, de manera expresa, la obligación de incluir en los dictámenes un análisis de constitucionalidad, convencionalidad y armonización normativa. Este análisis deberá verificar la compatibilidad de las iniciativas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, los tratados internacionales, las leyes generales aplicables y la jurisprudencia obligatoria.

“La incorporación de este elemento permitirá fortalecer la calidad técnica de los dictámenes, mejorar la coherencia del sistema jurídico y reducir el riesgo de invalidez de las normas aprobadas. Asimismo, contribuirá a consolidar un Poder Legislativo más profesional, responsable y alineado con los estándares del Estado democrático y constitucional”, puntualizó el legislador.

Finalmente, añadió que la iniciativa se vincula con los principios de buena administración pública, parlamento abierto y transparencia legislativa, en la medida en que promueve decisiones mejor fundamentadas y accesibles para la ciudadanía.