Buscan garantizar intérpretes indígenas en casos del MP de Guerrero

ACAPULCO, Gro., 27 de octubre de 2025.- La Comisión de Justicia analiza una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que el Ministerio Público esté obligado a preguntar y garantizar, desde la apertura de la carpeta de investigación, la asistencia de un intérprete o traductor certificado en lenguas indígenas, que brinde apoyo a víctimas, ofendidos o testigos indígenas para asegurar su comprensión plena de los actos procesales.

De acuerdo con un boletín, al presentar la propuesta, la diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, explicó que la adición al artículo 12 Bis a la Ley mencionada establece la obligación de documentar la solicitud de intérpretes y defensores y que estos cuenten con perfil académico y certificación vigente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para garantizar su competencia profesional y evitar que las personas indígenas víctimas u ofendidas sigan enfrentando barreras lingüísticas y culturales que limitan su derecho al acceso pleno a la justicia.

Recordó que la Constitución Federal, la Ley General de Derechos Lingüísticos y diversos Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos originarios a contar con intérpretes en su lengua y cultura durante todo el proceso judicial.

Agregó que, aunque la legislación estatal actual reconoce este derecho para personas detenidas, no obliga a la autoridad ministerial a garantizarlo desde el inicio de la investigación por lo que es importante armonizar la norma local con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el respeto a los derechos lingüísticos.

Precisó que Guerrero es una entidad con amplia diversidad cultural y lingüística, y que la población indígena, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, enfrenta altos índices de violencia, discriminación y falta de acceso a servicios de justicia, muestra de ello es que entre 2020 y 2025 más del 50 por ciento de las víctimas de feminicidio en la región de la Montaña pertenecen a pueblos originarios, lo que pone en evidencia la urgencia de garantizar procesos judiciales incluyentes y con enfoque intercultural.

Por ello, enfatizó que esta iniciativa representa un paso firme hacia una justicia más accesible, igualitaria y respetuosa de los derechos de los pueblos originarios, asegurando que toda persona indígena comprendida en un proceso penal pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, sin barreras lingüísticas ni culturales.