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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de julio de 2018.- Por unanimidad, 30 gobiernos municipales que forman parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) aprobaron un exhorto a las autoridades electas de los distintos niveles de gobierno con el propósito de que asuman el compromiso para institucionalizar el sistema de justicia cívica.
La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal hizo suyo el pronunciamiento del presidente municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, en un encuentro llevado a cabo este viernes en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) y previo a ser presentado a los 64 que conforman esta Asamblea.
Los operadores del modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad para los municipios de México llamaron a continuar con los esfuerzos para consolidar este sistema homologado en el país, a partir de las experiencias de los municipios de Morelia, Michoacán, y General Escobedo, Nuevo León.
Acompañados por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que encabeza Renato Sales Heredia, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, propusieron una agenda que tiende a hacer realidad la justicia cotidiana en el país.
Entre las propuestas destacan: impulsar la aprobación de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, que fija las bases del modelo y se encuentra en discusión en el Senado de la República, para después ser llevada a los congresos locales; revisar y analizar la despenalización de delitos menores con el fin de procesarlos desde la justicia cívica.
También, conservar el presupuesto y fondo Fortaseg para dar continuidad al ejercicio de implementación de justicia cívica, como herramienta de buen gobierno y fomento de cultura de la legalidad.
Se busca asegurar la construcción de política pública integral en la materia mediante la vinculación de los modelos de policías de proximidad, atención a víctimas y prevención de la violencia desde un enfoque local.
Con ello, los municipios confían abonar en la disminución de la impunidad y el fortalecimiento a la cultura de la legalidad, a través del desarrollo de este paradigma de resolución de conflictos
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