CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2018.- Panistas en el Senado de la República buscan elevar a rango constitucional la confidencialidad de las fuentes informativas de periodistas, así como la facultad de atracción de la futura Fiscalía General de la República (FGR) en delitos cometidos contra la libertad de expresión.

En los nuevos tiempos de transición y mayoría en el Congreso de la Unión, el senador del PAN, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, aprovechó la tribuna para criticar el clima social que consideró enrarecido, polarizado e intolerante hacia el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mediante descalificaciones y señalamientos directos como: medios fifís, chayoteros, conservadores y radicales.

El PAN defiende como derecho irrenunciable de todo ciudadano el poder o criticar abiertamente al Presidente de la República o cualquier actor en el poder sin tener miedo a represalias, censura o violencia.

“Llamamos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan en su gobierno a serenar su ímpetu defensivo, a poner en práctica la tolerancia que durante tanto tiempo en la oposición reclamaron”, demandó el panista Fuentes Solís.

También, la apertura que ofrecieron en su campaña electoral, así como descalificaciones a los medios de comunicación y a la prensa, al escrutinio periodístico y a las opiniones críticas.

Aunado del extraño llamado de futuros funcionarios y seguidores del presidente electo que piden que los medios de comunicación revelen explícitamente su filiación político partidista.

“En una democracia, los medios de comunicación requieren de condiciones, certeza y garantías para ejercer con plena libertad su oficio; en democracia los medios pueden tomar partido si así corresponde su valoración ética y hacerlo saber a sus lectores y audiencias”, expresó el panista al rechazar las descalificaciones desde el poder público.

Por ello, urgió ante el Pleno de la Cámara de Senadores a crear un sistema de protección, además de prevención, al tiempo de establecer las bases para la creación de un andamiaje legal e institucional en los estados para la eficaz protección de la defensa de los derechos de libertad de expresión

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