Caminos del sur

Entre la deuda histórica y la gobernabilidad

La iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, constituye uno de los cambios jurídicos más relevantes en materia de derechos colectivos desde la reforma constitucional al artículo 2°. Su objetivo es reglamentar dicho precepto constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y el derecho a la libre determinación y al autogobierno.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en proceso de consulta nacional en más de 16 mil comunidades. Desde el punto de vista legislativo, su aprobación presenta una alta viabilidad debido a la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, el verdadero desafío no radica en su aprobación, sino en su implementación efectiva, particularmente en la región Pacífico Sur, donde convergen las mayores expresiones de pobreza, exclusión, conflictividad territorial y violencia contra los pueblos originarios.

La iniciativa representa un cambio de paradigma: pretende transformar la relación histórica entre el Estado y los pueblos indígenas, pasando de un modelo tutelar y asistencialista hacia uno basado en el reconocimiento de derechos colectivos y autonomía. No obstante, este tránsito implica modificar estructuras institucionales y relaciones de poder profundamente arraigadas durante décadas.

La región Pacífico Sur concentra la mayor diversidad étnica del país. En Chiapas existen 14 pueblos indígenas reconocidos oficialmente y una población afromexicana superior a 56 mil personas; Guerrero alberga cuatro pueblos indígenas (Nahua, Mixteco, Tlapaneco y Amuzgo) y el pueblo afromexicano con fuerte presencia en la Costa Chica; Michoacán cuenta con los pueblos Purépecha, Nahua, Mazahua y Otomí, además de comunidades con presencia afromexicana; mientras que Oaxaca concentra 16 pueblos indígenas y la mayor diversidad lingüística nacional, además de una importante población afromexicana.

Precisamente por esta diversidad, la implementación de la ley enfrentará desafíos estructurales que trascienden el ámbito jurídico.

El primer desafío será convertir el reconocimiento constitucional en capacidades institucionales reales. El otorgamiento de personalidad jurídica y patrimonio propio requerirá mecanismos administrativos, financieros y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que actualmente no existen o presentan profundas debilidades. Sin una reforma administrativa paralela, existe el riesgo de que los nuevos derechos permanezcan como declaraciones normativas con escasa aplicación práctica.

Un segundo reto será la asignación y administración de recursos públicos. La iniciativa plantea fortalecer las transferencias directas hacia las comunidades; sin embargo, el rezago histórico en infraestructura, salud, educación, agua potable y conectividad en la región difícilmente podrá revertirse únicamente mediante la reasignación presupuestal. Será indispensable diseñar mecanismos de planeación, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas que eviten reproducir esquemas clientelares o asistencialistas que históricamente han limitado la autonomía comunitaria.

Desde una perspectiva sociológica, el principal desafío consiste en que la ley pretende redistribuir poder político y no únicamente recursos públicos. El reconocimiento de la libre determinación implica que las comunidades participen directamente en la toma de decisiones sobre sus territorios, presupuestos y formas de gobierno. Este cambio inevitablemente modificará los equilibrios entre autoridades municipales, gobiernos estatales, partidos políticos, organizaciones sociales y actores económicos con intereses en las regiones indígenas.

Otro de los principales obstáculos será el contexto de violencia e inseguridad que prevalece en amplias zonas de Chiapas, Guerrero y Michoacán. En numerosos municipios indígenas confluyen disputas entre organizaciones criminales, grupos armados, sistemas de cacicazgo local y procesos de militarización.

Este aspecto resulta especialmente complejo porque los pueblos indígenas y afromexicanos han enfrentado durante décadas procesos sistemáticos de despojo territorial, desplazamiento forzado, explotación de recursos naturales y exclusión de las decisiones públicas.

No es necesario borrar el pasado o a las personas de nuestra historia; reconocer su lugar es aceptar el camino que nos trajo hasta aquí, diría la abuela.

 REFERENCiAS

Atlas de los Pueblos Indígenas de México del INPI

Censo 2020. Instituto Nacional de Geografía y Estadística