Caminos del sur

Pacífico sur: el potencial energético frando por el rezago social

La viabilidad del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 en la región Pacífico Sur presenta un contraste estructural. Por un lado, la región concentra uno de los mayores potenciales del país para el desarrollo de energías renovables, particularmente hidroeléctrica y eólica.

Por otro, enfrenta condiciones históricas de rezago social, dispersión poblacional, orografía accidentada y limitada infraestructura de transmisión que incrementan los costos de expansión del sistema eléctrico y reducen la rentabilidad de las inversiones.

Este escenario adquiere mayor relevancia tras la aprobación por el Congreso de la Unión del paquete de reformas constitucionales en materia energética, que incorporó el principio de justicia energética, entendido como la garantía de acceso universal a la electricidad para comunidades rurales, indígenas y zonas de alta marginación.

No obstante, este objetivo representa uno de los mayores desafíos para la política energética nacional, pues requiere no sólo ampliar la capacidad de generación, sino desarrollar infraestructura de transmisión y distribución capaz de llegar a territorios con condiciones geográficas y sociales particularmente complejas.

La justicia energética implica que el acceso a la electricidad sea limpio, confiable, asequible y continuo. Sin embargo, alcanzar ese objetivo demanda inversiones sustanciales, fortalecimiento institucional y mecanismos eficaces de gobernanza territorial que permitan conciliar el desarrollo de proyectos energéticos con las demandas sociales y ambientales de las comunidades receptoras.

En este sentido, la transición energética difícilmente será exitosa si no incorpora criterios de equidad territorial y una distribución equilibrada de los beneficios e impactos derivados de los megaproyectos.

La región Pacífico Sur concentra algunas de las mayores brechas de desarrollo del país. Salvo Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca registran los niveles más altos de pobreza multidimensional y rezago social, condiciones que se reflejan también en la persistencia de la pobreza energética.

Aunque las coberturas de electrificación superan el 98 por ciento en la mayoría de estas entidades, este indicador resulta insuficiente para medir el acceso efectivo a energía de calidad, ya que miles de hogares continúan careciendo de infraestructura básica, presentan deficiencias en la calidad del suministro o mantienen una elevada dependencia de combustibles tradicionales como la leña para satisfacer sus necesidades energéticas.

En Chiapas, por ejemplo, la cobertura eléctrica alcanza aproximadamente el 98.9 %, pero cerca del 48 % de las viviendas carecen de servicios básicos integrales y mantienen altos niveles de dependencia de biomasa para cocinar. En Guerrero, el 47.4 % de las viviendas presenta carencias en servicios básicos, reflejo de una infraestructura insuficiente en numerosas comunidades rurales. Oaxaca registra una cobertura cercana al 98.9 %, aunque 46.7 % de las viviendas enfrenta rezagos en infraestructura básica y costos de electricidad superiores al promedio nacional.

En Michoacán, si bien la cobertura eléctrica supera la media nacional, persisten importantes deficiencias en las redes de distribución de media y baja tensión, especialmente en localidades rurales de difícil acceso.

A estas condiciones sociales se suma un factor estructural que condiciona la viabilidad del Plan: la geografía. Las cadenas montañosas de la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas y las extensas zonas selváticas generan elevados costos de construcción y mantenimiento de líneas de transmisión, limitan la interconexión entre regiones y hacen más vulnerable la infraestructura eléctrica frente a fenómenos hidrometeorológicos.

La dispersión de pequeñas localidades rurales incrementa, además, el costo por usuario conectado, reduciendo la rentabilidad financiera de los proyectos y haciendo indispensable una mayor participación del Estado.

En consecuencia, el principal cuello de botella del sur-sureste no radica en la disponibilidad de recursos energéticos, sino en la insuficiente capacidad del Sistema Interconectado Nacional para integrar nueva generación sin provocar saturaciones o restricciones operativas.

El problema no es la falta de recursos energéticos, sino las condiciones estructurales (sociales, geográficas e infraestructura) que limitan su aprovechamiento, lo que resulta sólido desde una perspectiva de política pública y economía.

La oscuridad oculta la verdad, diría la abuela.

Referencias

Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025 – 2030, CFE.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI.

Secretaría de Energía

Por ello, aunque la región posee ventajas competitivas para convertirse en uno de los principales polos nacionales de generación de energía limpia, especialmente mediante proyectos hidroeléctricos, eólicos y de cogeneración —como los impulsados en Salina Cruz, Oaxaca—, su desarrollo dependerá menos de la capacidad de generar electricidad que de la posibilidad de transportarla de manera eficiente hacia los centros de consumo.

En este contexto, el fortalecimiento del papel de la Comisión Federal de Electricidad adquiere un carácter estratégico. No obstante, el liderazgo estatal deberá complementarse con inversiones de gran escala en transmisión, subestaciones, redes inteligentes y modernización de la distribución, así como con mecanismos de diálogo comunitario que reduzcan la conflictividad social que históricamente ha retrasado proyectos de infraestructura en la región.

Diversos organismos coinciden en la magnitud del reto financiero. La Cámara Internacional de Comercio (ICC) estima que México requerirá inversiones cercanas a 2 billones de pesos durante los próximos quince años para abatir el rezago del Sistema Interconectado Nacional. Aunque no existe una estimación oficial desagregada para Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, resulta razonable anticipar que una proporción significativa de esos recursos deberá dirigirse al sur-sureste, donde convergen simultáneamente el mayor potencial para la expansión de energías renovables y las mayores limitaciones de infraestructura eléctrica, rezago social y complejidad territorial del país.

En suma, el éxito del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional en la región Pacífico Sur dependerá no sólo de incrementar la capacidad instalada de generación, sino de resolver los déficits históricos de transmisión y distribución que limitan el aprovechamiento de su potencial energético. Sin una estrategia integral que atienda de manera simultánea la infraestructura, la gobernanza territorial y las condiciones de pobreza y aislamiento geográfico, la justicia energética difícilmente podrá traducirse en una reducción efectiva de las desigualdades regionales y en un verdadero motor de desarrollo económico para el sur del país.

La viabilidad real del plan en el sur-sureste (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca) es alta en potencial hidroeléctrico y eólico, pero enfrenta retos severos de rezago en transmisión, topografía compleja y conflictividad social local. El respaldo de la Comisión Federal de Electricidad y los proyectos de cogeneración (como en Salina Cruz, Oaxaca) apuntan a un fuerte liderazgo estatal, condicionado por la capacidad de interconectar estas regiones con el resto del país sin saturar las redes existentes

Con motivo del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025 – 2030, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas constitucionales en materia de energía que incluyeron, entre otros, conceptos como la justicia energética, entendida como garantizar el acceso a la electricidad en comunidades rurales y zonas marginadas.

La justicia energética es una aspiración elevadísima que, sin ser inalcanzable, requiere de muchos más recursos legales, institucionales, económicos y de gobernanza de los que ahora tiene México.

Pero no se trata de cualquier insumo. Estos deben ser limpios, modernos, accesibles y confiables porque no hay transición energética que valga si no es justa. Otro aspecto dentro de esta dimensión distributiva es el equilibrio justo entre los impactos positivos y negativos de los megaproyectos, de cualquier fuente de energía, sea verde o parda.

En la Región Pacifico Sur, a excepción de Michoacán, las entidades presentan los mayores rezagos de cobertura eléctrica y pobreza energética del país, afectando tanto a los hogares como a la actividad económica regional por falta de redes de transmisión robustas y altos costos de energía, aunque no existe una cifra única desglosada por estado para superar dicho rezago. 

Por ejemplo, Chiapas tiene una cobertura eléctrica de 98.90 por ciento pero más del 48 por ciento de viviendas carecen de servicios básicos integrales y alta dependencia de leña mientras que en Guerrero la falta de viviendas con electricidad y presenta un 47.4% de viviendas sin acceso a servicios elementales.  En tanto Oaxaca presenta una Cobertura de 98.91 por ciento; el 46.7 por ciento de las viviendas sufren carencias de infraestructura básica y sufren costos de electricidad superiores al promedio nacional. 

En el caso de Michoacán los problemas de aislamiento rural y precarización en redes de distribución de media y baja tensión son severos a pesar de que su cobertura supoera la media nacional.

: Organismos como la Cámara Internacional de Comercio (ICC) estiman que México necesita invertir cerca de 2 billones de pesos (más de 114,000 millones de dólares) a lo largo de 15 años para abatir el rezago general del Sistema Interconectado Nacional. No hay un monto específico independiente y oficial publicado de manera fragmentada solo para los cuatro estados mencionados.

 Impacto en la Actividad Económica

• Costo y Tarifas: La región sur-sureste registra tarifas eléctricas y condiciones operativas menos atractivas que el norte del país, limitando la atracción de nuevas inversiones industriales. 
• Falta de Redes: A pesar de que algunos estados como Oaxaca generan energía limpia (eólica en el Istmo), el beneficio no se traduce en infraestructura local de transformación para manufactura pesada o cadenas de valor avanzadas debido a cuellos de botella en transmisión. 

Inversión Requerida

• A Nivel Nacional

Soporte Eléctrico Internacional

• Acciones de la Comisión Federal de Electricidad: La empresa estatal mantiene un programa de decenas de miles de obras de electrificación rural y proyectos de inversión mixta, sin que se detallen presupuestos estatales individualizados para la infraestructura económica integral de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca de forma aislada

Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025 – 2030,

CFE

Las principales necesidades de estos estados son ampliar la cobertura rural en comunidades marginadas, reparar daños por fenómenos naturales y fortalecer las redes de transmisión, mientras que su infraestructura destaca por un enorme potencial limpio: Chiapas y Oaxaca lideran en hidroeléctrica y eólica, Michoacán en geotermia y Guerrero requiere reconstrucción constante en zonas costeras. 

Chiapas

• Necesidades: Reducir el rezago de cobertura eléctrica rural, que se ubica por debajo de la media nacional con un 98.90%, y modernizar las líneas de conducción. 

Energía A Debate

• Infraestructura: Primer lugar nacional en generación hidroeléctrica con una capacidad instalada superior a los 4,828 MW (destacan grandes presas del Grijalva como Malpaso, Peñitas y La Angostura), además de plantas menores de biomasa y proyectos eólicos iniciales. 

Oaxaca

• Necesidades: Atender el crecimiento acelerado de demanda en su zona metropolitana comercial y abatir el rezago de cobertura eléctrica del 98.91% en localidades apartadas. 
• Infraestructura: Principal productor de energía eólica de todo el país con numerosos parques de aerogeneradores instalados en el Istmo de Tehuantepec, complementados con subestaciones de enlace regional. 

Michoacán

• Necesidades: Optimizar el suministro industrial y el transporte de energía hacia centros urbanos y zonas agrícolas de alta demanda de bombeo.
• Infraestructura: Cuenta con la destacada Central Geotermoeléctrica de Los Azufres y múltiples plantas hidroeléctricas operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Guerrero

• Necesidades: Restaurar y robustecer la red de transmisión ante el impacto frecuente de huracanes (como el paso de Otis en Acapulco) y abatir el aislamiento eléctrico en cientos de comunidades serranas. 
• Infraestructura: Cuenta con redes de distribución y subestaciones concentradas en los polos de Acapulco y Chilpancingo, respaldadas por líneas de interconexión con fuentes de la región centro-sur, aunque con menor capacidad de generación local propia.

El gobierno de México pretende garantizar la justicia energética mediante el Programa de Justicia Energética, el fortalecimiento operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el uso de energías limpias. La estrategia busca que la electricidad sea un derecho básico y no una mercancía. 

Acciones del Programa de Justicia Energética

• Cobertura universal: Alcanzar el 99.99% de cobertura eléctrica en el país para el año 2028, atendiendo a 8,247 localidades rurales e isoladas que aún no cuentan con luz. 
• Obras e inversión: Realizar 45,182 obras de electrificación con una inversión de 21,377 millones de pesos para beneficiar a más de 739,000 personas en comunidades marginadas y pueblos originarios. 
• Techos Solares para el Bienestar: Instalar paneles solares fotovoltaicos en hogares de zonas con altas temperaturas para reducir hasta un 60% el costo del recibo de luz. 

Facebook· Rol del Estado y las Empresas Públicas

• Control de la CFE: Asegurar que la CFE mantenga como mínimo el 54% de la generación eléctrica nacional para regir el servicio social y estabilizar las tarifas por debajo de la inflación. 

Apoyo a la economía: Mantener esquemas de precios justos y estables en los combustibles y energéticos básicos en todo el territorio nacional.