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Niños de Guerrero a dos fuegos
La participación activa de los jóvenes en el crimen organizado va en crecimiento. Se observa que las edades de los jóvenes que se involucran en el crimen organizado oscilan entre los 18 y 30, pero también se advierte la presencia de menores de edad, encontrando niños y adolescentes en grupos criminales.
Se estima que unos 5.000 menores de edad están presos en México y, de ellos, más de un millar cometieron delitos graves como trabajar de sicarios para bandas criminales
Tan solo en seis años, más de 480 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años han sido víctimas de la violencia en el país, ya sea como víctimas directas de asesinato y de otras agresiones, o bien, como posibles responsables de delitos vinculados al crimen organizado.
El reclutamiento de niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada se concentra en 10 estados, las cuatro de la Región Pacifico Sur se encuentran entre ellas.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no sólo se han aprovechado de Chiapas por su ubicación geográfica, indispensable para el tráfico de drogas y/o migrantes desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. De acuerdo con una reciente investigación, ambas organizaciones criminales también se benefician del elevado nivel de marginación estatal para unir a sus filas a jóvenes, a quienes les ofrecen llamativos “salarios” por convertirse en sicarios. Esto es lo que se sabe al respecto.
El CDS y el CJNG actualmente disputan por el control territorial de Chiapas por los beneficios que otorga esta región.
Una de las razones principales es que Chiapas colinda al sureste con Guatemala, lo que facilita el acceso directo a rutas de tránsito internacional de estupefacientes provenientes de Sudamérica. Los cárteles han aprovechado este factor para ingresar cocaína y otras drogas al territorio mexicano a través de esta frontera. Posteriormente, distribuyen el narcótico tanto en el mercado local como en Estados Unidos, uno de los principales destinos del narcotráfico.
En Guerrero, hay zonas en las que niños y jóvenes se encuentran a dos fuegos ya que no son reclutados por el crimen organizado sino también por las autollamadas policías comunitarias.
El caso más reciente ocurrió en enero de este año cuando la policía comunitaria sumó a 20 menores de edad ante la ineficacia de las autoridades para contener la ola de violencia.
Factores como pobreza, marginación, falta de oportunidades, desarrollo social y humano, entre otros, vulneran aún más a los ya desprotegidos y afectan a las nuevas generaciones.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas urgió este año al Estado mexicano a tomar medidas para proteger a los menores de edad ante el crimen organizado y la migración.
En un documento manifestó su seria preocupación por el reclutamiento de menores de edad por parte de bandas criminales y que no existan políticas públicas que ayuden a combatir esta situación.
En el artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece que México, como Estado parte, está comprometido “a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar […]” (CDN, Art. 3).
Más expresamente, en el artículo 19 del mismo instrumento se especifica que México, como Estado parte, debe adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual […]” (CDN, Art. 19).
Los artículos 32, 33, 34 y 35 incluyen contenidos más explícitos sobre la protección de la infancia y la adolescencia contra distintas formas de violencia, y en el artículo 36 se mandata que México, como Estado parte, debe proteger a la niña o el niño “contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar” (CDN, Art. 36).
Alrededor de 2 mil 507 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría indígenas, de San Cristóbal de las Casas y la zona de los Altos de Chiapas están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado y las pandillas,
los cárteles suelen ofrecer hasta 30 mil pesos mensuales a los jóvenes que se unan a sus filas de manera voluntaria; un aproximado de mil 800 dólares con el tipo de cambio actual.
Un Ejército de niños contra el crimen organizado en Guerrero
Niños y niñas son armados en la en la comunidad de Ayahualtempa, Guerrero
Un grupo de niños integrantes de las autodefensas en Ayahualtempa, en el Estado de Guerrero (México), el 24 de enero de , un grupo de 20 menores de edad se ha sumado este miércoles a las filas de las autodefensas en Ayahualtempa, en el Estado de Guerrero. La policía comunitaria de la zona, un cuerpo armado conformado hace 28 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC),
Michoacán
Ante el incremento alarmante de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Brenda Frgaga Gutiérrez, presentó una iniciativa para combatir legalmente para hacer frente a esta problemática y proteger los derechos de la niñez y adolescencia, de tal forma que se apliquen medidas efectivas de prevención y protección. Además de eliminar la omisión del delito de reclutamiento de menores por el crimen organizado, ya que pone en riesgo a jóvenes que pueden ser víctimas de explotación y violencia.
«El objetivo de esta propuesta de reforma es tipificar el delito del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. La prevención de esta práctica, es fundamental para abordar esta problemática desde leyes que protejan los derechos de las víctimas de reclutamiento por parte del crimen organizado. Es esencial que los sistemas de justicia penal y las leyes aborden adecuadamente el tema y que no haya discriminación por edad en la aplicación de la ley. Esto implica la implementación de medidas efectivas para prevenir el reclutamiento de menores de edad».
La iniciativa define a la niñez y adolescencia desde una perspectiva jurídica, considerando diferentes etapas. La niñez se refiere a menores de doce años, mientras que la adolescencia abarca desde los doce hasta antes de los dieciocho años. Por tal motivo se busca abordar el reclutamiento desde una perspectiva de garantía de derechos de las víctimas y se enfoca en la protección de la niñez como víctima principal. Esta reforma propone la creación de un delito específico de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, con sanciones adecuadas.