La Presidenta y la protección a morenistas ligados al crimen organizado
SIN RASTRO, SIN NOMBRE, SIN RESPUESTAS
La desaparición de personas en México constituye una crisis de seguridad y derechos humanos cuya dimensión no puede comprenderse únicamente a partir del número de reportes acumulados. Su distribución territorial, las características de las dinámicas de violencia y la capacidad institucional para localizar a las víctimas revelan un fenómeno complejo, con patrones diferenciados y profundas limitaciones para su esclarecimiento.
En la Región Pacífico Sur, esta problemática adquiere particular relevancia debido a la convergencia de disputas criminales, conflictos territoriales, antecedentes de represión estatal, vulnerabilidades sociales y posibles omisiones o colusiones de autoridades.
El informe de Red Lupa 2026, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), ofrece elementos para examinar la concentración geográfica de los registros de desaparición. De acuerdo con las cifras referidas en el informe, el 56 por ciento de los casos acumulados se concentra en apenas 100 municipios del país.
Este patrón evidencia que una parte sustancial del fenómeno se localiza en territorios específicos, particularmente en zonas urbanas y metropolitanas donde confluyen una mayor densidad poblacional, movilidad constante y diversas expresiones de violencia.
Sin embargo, la concentración de casos no debe interpretarse como una explicación suficiente del fenómeno. Los registros municipales permiten identificar puntos críticos, pero no necesariamente revelan el lugar exacto de la desaparición, la trayectoria de las víctimas, las circunstancias de los hechos ni el destino final de las personas.
Tampoco permiten establecer, por sí solos, si las diferencias entre municipios responden a una menor incidencia real o a variaciones en la denuncia, el registro y la capacidad de las instituciones para documentar los casos.
En la Región Pacífico Sur, el desafío central no consiste exclusivamente en contabilizar a las personas desaparecidas, sino en determinar qué ocurrió con ellas. La localización de personas vivas, la recuperación de restos humanos, la identificación de cadáveres y la restitución digna a sus familias forman parte de una misma problemática, aunque requieren procedimientos y capacidades institucionales diferentes.
En este contexto, la búsqueda puede convertirse en un laberinto institucional y territorial. La información fragmentada, las diferencias entre registros, la limitada interoperabilidad entre dependencias, las dificultades para acceder a determinadas zonas y la insuficiencia de capacidades forenses pueden obstaculizar el seguimiento de los casos.
En Guerrero, tres municipios aparecen en el ranking referido: Acapulco, en el lugar 12; Chilpancingo, en el 47; e Iguala, en el 52. Su presencia permite identificar núcleos prioritarios para el análisis de las desapariciones, aunque la posición en el ranking no explica por sí misma las causas ni las modalidades de cada caso.
Para Michoacán, las cifras proporcionadas para el análisis, Morelia registra 928 personas desaparecidas; Uruapan, 767; Zamora, 678; Apatzingán, 365; La Piedad, 357; y Lázaro Cárdenas, 348. En conjunto, estos seis municipios representan aproximadamente el 44 por ciento del acumulado estatal señalado en la Michoacán presenta una concentración significativa de casos en varios municipios. De acuerdo con fuente.
En Chiapas, el monitoreo referido en la información disponible reporta 2,005 personas desaparecidas y no localizadas a mayo de 2026, frente a 1,526 registros en 2025. Si ambas cifras corresponden a cortes y universos comparables, la diferencia representa un incremento aproximado del 31.4 por ciento. Los municipios señalados con mayor concentración de reportes son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas.
Para Oaxaca, se reportan 801 personas desaparecidas y no localizadas a mayo de 2026, mientras que Oaxaca de Juárez concentra 155 casos históricos vigentes, según las cifras proporcionadas.
La ausencia de municipios oaxaqueños entre los primeros lugares del ranking nacional de acumulados absolutos no significa que las desapariciones sean marginales. La existencia de 570 municipios plantea un desafío territorial importante para organizar la búsqueda y la investigación, aunque la dispersión administrativa no demuestra por sí sola una mayor dispersión de los casos.
No hay cabeza ni corazón humanos que puedan sufrir la desaparición de una persona sin acercarse en mayor o menor medida al delirio, diría la abuela.
Fuente
informe de Red Lupa 2026, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)