Caminos del sur

La justicia en paro

El 19 de agosto miles de  jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, iniciaron  el paro nacional indefinido en rechazo a la reforma promovida por Andrés Manuel López Obrador, presidente del país en al menos 28 entidades del país hasta el cierre de esta entrega.

En su mensaje a los ciudadanos, los trabajadores expresaron que asumen una vez más su compromiso de defender el estado de derecho y la Constitución.

“La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, única defensa de todas las personas contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades”, señalaron.

Cada paro tiene su propio contexto y factores específicos, por lo que las motivaciones exactas pueden variar dependiendo de las circunstancias y de los actores involucrados.

En esta suspensión indefinida de labores tiene diferentes lecturas. De entrada, la parálisis del sistema judicial puede afectar la gobernabilidad. En casos extremos, la falta de funcionamiento del poder judicial puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno o deslegitimar la administración pública si no se logra una solución rápida y efectiva.

La transición tersa del cambio de administración se está tornando ríspida y se puede agravar por sus repercusiones

Si los retrasos afectan a la resolución de contratos, inversiones o negocios en curso, el costo económico de la paralización puede ser significativo. De igual manera, los retrasos pueden generar acumulación de casos y sobrecarga de trabajo cuando se reanude el funcionamiento, lo que podría llevar a un colapso aún mayor del sistema judicial.

La percepción de injusticia o ineficacia  que la mayor parte de los ciudadanos tiene del poder judicial puede llevar a un aumento en el descontento social y manifestaciones que podrían deteriorar aún más la imagen del Poder Judicial.

La acumulación de casos o de falta de resolución de las diversas querellas no por la confianza que se les tenga a jueces y magistrados. Los datos indican que en México hay 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes mientras que el estándar internacional es de 18 por la misma cantidad de población.

La parálisis de labores en cuestión se hizo sentir en la Región Pacifico Sur, vertiendo diversos argumentos en favor de su rechazo a la reforma.

Chiapas tiene once juzgados de distrito: dos de procesos penales federales, con residencia; siete juzgados de distrito de amparo y juicios federales; y dos juzgados de distrito mixtos Son más de mil 200 trabajadores los que se sumaron al paro nacional.

En una carta abierta a las y los ciudadanos de Chiapas, informaron que esta iniciativa atenta contra los derechos de la base trabajadora al eliminar la carrera judicial, como el sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales.

Mil 100 trabajadores y 20 jueces y 18 magistrados pararon labores en Guerrero en dieciocho Distritos Judiciales, indicaron que este paro laboral busca mantener la independencia del poder judicial en México y evitar que los juzgadores estén supeditados a instrucciones que provengan del poder ejecutivo, o aún peor de grupos de poder fáctico.

Los mil 500 trabajadores y los 40 jueces y magistrados de Michoacán afectando al 90 por ciento de los asuntos atendidos por el Poder Judicial de la Federación. En promedio por cada uno de los Juzgados se quedan en trámite 400 casos, es decir, más de seis mil expedientes se rezagan previos al paro

En Oaxaca se sumaron al paro nacional alrededor de 800 trabajadores de los nueve Juzgados de Distrito

En la mayoría de los casos, magistrados y jueces, no tramitarán ni tampoco revisarán amparos contra actos de la autoridad o de particulares, refiriéndose a quienes solicitan la protección de la justicia federal contra el despojo de una propiedad por un juicio simulado.

Para las personas que se encuentran en prisión, sus audiencias se postergarán hasta que concluya el paro nacional de labores del Poder Judicial federal, de igual manera los plazos se estarían retrasando sobre todo los que están relacionados con juicios en tribunales del fuero común, entre otros.

La continuación de un paro en el poder judicial más allá de unos pocos días genera serias implicaciones tanto a nivel jurídico como político. Es crucial que se busquen soluciones rápidas para mitigar los efectos negativos y restaurar la normalidad en la administración de justicia.

La justicia es buena cuando no la dobla la malicia, diría la abuela.