Caminos del sur

Entre aranceles y armas

En tanto Donald Trump mantiene sus amenazas de ampliar aranceles a las mercancías mexicanas porque el gobierno no hace lo suficiente por combatir a los grupos del narcotráfico, el volumen del tráfico de armas utilizadas en actividades delictivas se disemina por todo el país en mayor o menor grado.

Combatir el poder de fuego de los carteles, es una acción a la cual el gobierno de los Estados Unidos, trátese de republicano o demócratas, evade o más directamente se rehúsa a realizar. Se trata de una larga cadena de tráfico, que inicia en la industria armamentística y termina en las calles de las entidades mexicanas entre las que integran la Región Pacífico Sur.

Entre un 70 y un 90 por ciento de las armas en México vienen de Estados Unidos, según las autoridades. Es un fenómeno de oferta y demanda. En la unión americana hay una sobredemanda de droga y una sobre oferta de armas, en México es a la inversa…hasta ahora.

Cada año, entre 200 y 500 mil armas cruzan la frontera cada año de forma ilegal, de acuerdo con estimaciones oficiales. La industria armamentística produce el doble de armas que hace 25 años y ha vendido más de 106 millones de unidades desde 2017, de acuerdo con los datos que ofrece la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Muchas de las piezas empleadas en delitos recuperadas en México provienen de tiendas con licencias federales en cuatro estados en el suroeste: Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Según informes de organizaciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la proporción de homicidios cometidos con armas de fuego ha sido consistente en altos niveles en estas regiones, con un aumento en los últimos años.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Ejército mexicano arrebató, un total de 28 mil 159 armas de fuego ilegales a los grupos criminales apenas el 10 por ciento de la estimación de ingreso de armas ilegales al país durante un año.

En la RPS, se ha documentado que las organizaciones criminales, como los cárteles de la droga, están fuertemente armadas con fusiles de asalto, pistolas y otras armas de alto poder.

Si bien los datos precisos sobre el porcentaje de armas ilegales usadas no siempre están disponibles públicamente, es ampliamente aceptado que un porcentaje significativo de los crímenes violentos en esta región se cometen con armas que han ingresado ilegalmente a través de la frontera con Estados Unidos.

La designación de grupos del narcotráfico como terroristas llevaría consigo la imposición de sanciones más severas, tanto a los miembros de estos grupos como a cualquier entidad que financie o colabore con ellos. Esto incluiría la congelación de activos, restricciones financieras y de comercio, lo que podría dificultar aún más sus operaciones.

Sin embargo, estos grupos podrían buscar nuevos métodos de financiamiento o relaciones con actores no estatales, lo que podría generar nuevas dinámicas en la región.

En muchos casos, las organizaciones del narcotráfico que operan en el Pacífico Sur también están involucradas en actividades sociales, como el suministro de bienes, protección a comunidades locales y control de ciertas zonas.

Si se les clasifica como terroristas, podría generarse un aumento en la represión de la población civil, ya que las autoridades podrían percibir a las comunidades como cómplices o parte de un “conflicto terrorista”. Esto podría aumentar el desplazamiento forzado y la violencia contra civiles.

Al catalogar a las bandas del narcotráfico como terroristas, podría ser más difícil de implementar políticas efectivas de combate al crimen organizado. Los enfoques tradicionales para el combate del narcotráfico, como la intervención de las fuerzas militares, podrían intensificarse y resultar en más confrontaciones violentas con las fuerzas de seguridad, como ha ocurrido en el pasado con operativos de la Guardia Nacional y el ejército mexicano. Esto podría aumentar la inestabilidad en las regiones más afectadas.

También podría generar una mayor militarización de la región, lo que podría intensificar la competencia por el control de rutas de tráfico, tanto de drogas como de armas, y aumentar las tácticas de guerrilla o actos violentos contra autoridades.

Una de las claves de la situación es que, si bien ambos países tienen intereses comunes, cada uno enfrenta sus propios desafíos internos en cuanto al tráfico de drogas y armas, lo que genera fricciones en cuanto a las expectativas sobre qué más se debe hacer en cada lado de la frontera.

El narcotráfico en la región del Pacífico Sur de México está fuertemente vinculado al tráfico ilegal de armas, con una considerable proporción de los crímenes violentos siendo cometidos con armamento ilícito.

Es fácil ser valiente desde una distancia segura, diría la abuela.