Caminos del sur

Buscando remedios

El 26 de marzo, el Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad la Ley Camila, presentada por la Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de la entidad.

Una reforma al Código Penal que endurece las penas y aumenta las sanciones económicas contra quienes incurran en delitos como violación equiparada, abuso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual y privación ilegal de la libertad, dirigidos hacia niñas, niños y adolescentes.

Esta reforma entrará en vigor tan pronto como sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Si bien la iniciativa, que modifica artículos clave del Código Penal, (179, 181, 184, 186 y 191), busca hacer frente a estos crímenes con penas más severas y un enfoque en evitar la impunidad, el endurecimiento de las sanciones penales es solo una parte de la solución.

La raíz de la violencia sexual contra menores en Guerrero y en la Región Pacifico Sur no se resolverá únicamente a través de reformas legales.

De hecho, el éxito en la prevención y sanción de estos delitos depende también de un enfoque integral que incluya la implementación efectiva de protocolos para la prevención, detección y actuación frente al abuso sexual infantil, así como el fortalecimiento de mecanismos de denuncia accesibles y confidenciales para las víctimas.

La violencia hacia niñas y niños ha crecido de manera alarmante en las últimas dos décadas, en más del mil por ciento en los casos de violencia sexual en México.

Este fenómeno se ve agravado por la falta de recursos en los sistemas de justicia, la fragilidad de las leyes y la carencia de servicios de atención adecuados. La impunidad persiste debido a un presupuesto insuficiente para la atención de víctimas y a la falta de políticas públicas efectivas, especialmente en zonas marginadas, como la Región Pacífico Sur.

Aunque las cifras oficiales reflejan el número de denuncias y casos registrados, estos datos no siempre muestran la magnitud real del problema.

El miedo, la estigmatización y la ausencia de mecanismos para la denuncia, accesibles y confiables, disuaden a muchas víctimas de abusos sexuales a dar parte a las autoridades. Las cifras, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, muestran una alarmante tendencia al alza en los casos de pederastia, con 314 investigaciones abiertas en 2024, 387 en 2023 y 473 en 2022.

Sin embargo, Chiapas, al igual que otras entidades, no ha homologado aún la reforma al Código Penal que establece la no prescripción de los delitos sexuales contra menores, lo que perpetúa la impunidad.

Entre enero y septiembre de 2024, en esa entidad, 345 desapariciones correspondieron a menores, lo que representa un 34% del total, según datos de la Red de los Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas.

Las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula han registrado los índices más elevados de homicidios, feminicidios infantiles y desapariciones.

Además de los crímenes sexuales, Guerrero ocupa el onceavo lugar en la población infantil del país, pero también lidera en carencias de servicios básicos y en la calidad de la vivienda, lo que aumenta la vulnerabilidad de la infancia ante situaciones de violencia.

Entre 2021 y 2022, la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales por violencias de tipo familiar, sexual y física aumentó significativamente en Guerrero, una tendencia que se repite en otras entidades como Michoacán y Oaxaca, donde también se reporta un incremento de delitos como homicidios y abuso sexual infantil.

Es necesario reconocer que no basta con endurecer la legislación para erradicar la violencia hacia niñas y niños.

Es fundamental también fortalecer las instituciones encargadas de la protección y atención de las víctimas, asegurar una educación que fomente el respeto a los derechos humanos y crear redes de apoyo que permitan a las víctimas y sus familias sentirse seguras y acompañadas.

Las reformas legales, si bien importantes, deben ir acompañadas de políticas públicas integrales, de recursos suficientes para la aplicación de la ley y de un cambio cultural que erradique la violencia estructural contra la infancia en nuestro país.

La impunidad no puede seguir siendo una opción, y para ello necesitamos una sociedad y un sistema judicial que realmente actúen en defensa de nuestros niños y adolescentes.

El abuso siempre se justifica con frases que graban el dolor, diría la abuela.