Caminos del sur

Un delito a medias reconocido

Cuando se habla de un robo perpetrado por una multitud, estamos ante un acto de rapiña, una conducta que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia.

Este término evoca imágenes de caos y descontrol, como lo sucedido en Acapulco horas después del paso de los huracanes Otis y John.

Sin embargo, la rapiña es una realidad que trasciende las tragedias naturales y está presente en muchos otros contextos, especialmente en las carreteras de México, donde los transportistas se ven constantemente amenazados o, más comúnmente, despojados de sus bienes tras sufrir un accidente. Es un signo de degradación social que refleja la pérdida de valores fundamentales.

Cada vez que ocurre un accidente de un camión cargado con mercancía, sea alimentos, bebidas, productos electrónicos, entre otros, se pone en evidencia una conducta particular entre los presentes, conocida como rapiña. Este acto no se limita a los accidentes de tránsito; puede ocurrir en cualquier situación de vulnerabilidad o desorden.

Aunque estos actos se repiten en momentos de catástrofes, como incendios, naufragios o inundaciones, no dejan de ser una expresión de la falta de ética y de respeto por la propiedad ajena.

De acuerdo con las estadísticas, entre enero y noviembre de 2023, se registraron 12 mil 740 delitos contra transportistas en México, y cinco estados concentran el 71 por ciento de los robos a transportistas, destacando Michoacán, en la Región Pacífico Sur. Esta realidad no es exclusiva de esa región; otras entidades también sufren de la misma problemática.

La rapiña se nutre del aprovechamiento de situaciones de desorden, caos, vulnerabilidad o la ausencia de vigilancia para apoderarse de bienes ajenos. Aunque en ocasiones se justifique el pillaje como una reacción desesperada frente a catástrofes, este acto refleja una degradación moral, una ausencia de valores como la solidaridad, la fraternidad y el respeto por los demás.

Es un impulso que mide la calidad ética de quienes lo practican, y  lamentablemente, es una práctica que ha comenzado a normalizarse en ciertos sectores sociales.

En algunos estados, como Chiapas, se han registrado al menos cinco actos de rapiña este año, todos derivados de accidentes vehiculares. Sin embargo, la falta de un marco legal específico en el Código Penal local para tipificar este delito evidencia una grave laguna jurídica. En Chiapas, por ejemplo, la rapiña no está definida como un delito autónomo, lo que deja a las víctimas desprotegidas ante tales actos.

Afortunadamente, algunos estados han comenzado a legislar para sancionar esta práctica. El Congreso del Estado de Guerrero, por ejemplo, aprobó reformas al Código Penal local para tipificar el delito de rapiña y castigarlo con penas de prisión de hasta seis años. Esta legislación también establece penas más severas si el delito se comete en un domicilio o establecimiento comercial, y castiga con la destitución e inhabilitación a los servidores públicos involucrados.

Por otro lado, el Código Penal de Michoacán también contempla la rapiña como delito, sancionando a quienes se apoderen de bienes ajenos aprovechando la falta de vigilancia o el caos generado por catástrofes o accidentes. En cambio, en Oaxaca, esta conducta no está tipificada específicamente como un delito, lo que refleja la disparidad en la legislación sobre este tema en el país.

La rapiña no es un fenómeno aislado ni una respuesta natural a la pobreza o la marginación social. Es un reflejo de la impunidad que impera en muchas regiones de México, donde la ausencia de un Estado de Derecho propicia la normalización de estos actos. No podemos justificar ni disculpar la rapiña como una respuesta legítima a las dificultades económicas o sociales.

Es imperativo que la sociedad mexicana y las autoridades asuman una postura firme en la condena de este tipo de conductas, reconociendo que la rapiña es una manifestación de una profunda crisis ética que no puede ser tolerada ni justificada.

La ocasión no hace al ladrón, pero no merece perdón diría la abuela.