Caminos del sur

Hay otras desapariciones

Aunque la desaparición forzada no figura como una política pública institucional en México, su práctica sistemática y el nivel de impunidad con que ocurre en múltiples regiones del país —especialmente en el Pacífico Sur— obliga a replantear el papel del Estado.

No basta con declarar que el gobierno no la ordena.

Cuando grupos delictivos desaparecen personas y las autoridades son incapaces de prevenirlo, investigarlo o sancionarlo, la responsabilidad del Estado por omisión cobra fuerza y legitimidad.

La reciente activación del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte de la ONU marca un hito sin precedentes.

Es la primera vez que este mecanismo se aplica en México. A partir de los hallazgos en el rancho Izaguirre, se dictaron además medidas cautelares por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Ante este anuncio, Claudia Sheinbaum negó que exista desaparición forzada en el país, señalando que se trata de acciones de la delincuencia organizada que el gobierno combate con todos sus recursos.

No obstante, el Comité recordó que según el derecho internacional, la desaparición forzada también puede ser perpetrada por organizaciones políticas distintas al Estado, con su autorización, apoyo o aquiescencia.

Es decir, no basta con que el Estado no sea el autor material: su pasividad también puede configurar responsabilidad.

México ha sido observado desde 1980 por instancias internacionales por este tipo de crímenes de lesa humanidad. Hasta 2017, se reconocían al menos 560 casos documentados por la ONU. Hoy, esa cifra ha sido ampliamente superada. Al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 115 mil víctimas, 50 mil más que al término del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La tragedia es nacional, pero en la región del Pacífico Sur ha alcanzado una dimensión especialmente alarmante.

En Chiapas, los casos reportados pasaron de  mil 681 en 2018 a 4 mil 493 en 2024. La desaparición de personas en este estado está vinculada directamente con las disputas entre cárteles por rutas y territorios. En medio de esta guerra no declarada, las autoridades suelen minimizar la situación o negar su existencia, dejando a las familias en el abandono.

Lo más grave es que las víctimas pertenecen a los sectores más vulnerables.

En Chiapas, la mitad de las personas desaparecidas son mujeres y una de cada cuatro es una niña menor de 14 años. En Guerrero, de las 4 mil 213 personas desaparecidas en 2024, más de 500 eran menores de edad, siendo más del 56 por ciento niños.

En Michoacán, 2020 fue el año con más desapariciones (931), seguido por 2023. En Oaxaca, el repunte más severo ocurrió en 2022, con 139 casos activos, siendo las adolescentes de entre 15 y 19 años las más afectadas.

Estos datos no sólo describen una crisis humanitaria: revelan una estructura de violencia donde la desaparición es usada como herramienta de control territorial, represión social, trata de personas, reclutamiento forzado y feminicidio.

Y frente a ello, la omisión o indiferencia oficial son parte del problema.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y otros organismos internacionales han subrayado que la presencia de desapariciones en todos los estados del país, junto con el hallazgo sistemático de fosas clandestinas, constituye una evidencia del carácter generalizado de esta práctica. No se trata de casos aislados ni de daños colaterales.

Es un patrón.

Negar la existencia de la desaparición forzada en México, como lo ha hecho recientemente el gobierno federal, no ayuda a resolver la crisis.

Al contrario, perpetúa la impunidad y el dolor de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos. La apertura del procedimiento por parte de la ONU debe ser vista como una oportunidad para corregir el rumbo y asumir con seriedad la dimensión del problema.

Porque cuando se normaliza la desaparición, lo que desaparece también es el Estado de derecho.

Cuando hay impunidad, amigo mío, la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades, diría la abuela.