Caminos del sur

Otra deuda histórica con el Pacífico Sur

En el marco del Día del Maestro, es imprescindible volver la mirada hacia uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social en México: la profunda desigualdad educativa entre el norte y el sur del país. Esta brecha estructural no solo se refleja en los índices de acceso y permanencia escolar, sino también en la calidad de la educación, la precariedad de la infraestructura, la falta de recursos didácticos, y la disparidad en los salarios de los docentes.

La Región Pacífico Sur —integrada por Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca— encarna con claridad este rezago. A pesar de ser territorios con una riqueza cultural y diversidad social incomparables, sus sistemas educativos enfrentan carencias sistémicas que impactan directamente en las oportunidades de desarrollo para millones de niños y jóvenes.

En Chiapas, por ejemplo, más de 101 mil maestros (66 mil federales y 35 mil estatales, según la sección 07 del SNTE-CNTE) atienden a más de un millón 300 mil alumnos en más de 18 mil 500 escuelas de nivel básico. Muchas de estas escuelas carecen de lo más elemental: agua potable, electricidad, conectividad, mobiliario adecuado o aulas dignas. A esta precariedad se suma una marginación salarial persistente.

El caso de Oaxaca no es distinto. Los docentes de primaria perciben, en promedio, $7,890 mensuales, una cifra que dista considerablemente de los salarios que reciben sus colegas del norte del país, donde se reportan ingresos de hasta 20 mil pesos con cargas horarias similares. Además, la informalidad laboral entre los maestros en Oaxaca alcanzó el 7.27% en el tercer trimestre de 2024, reflejo de un sistema que no garantiza derechos laborales plenos ni estabilidad profesional.

En Michoacán, 4,341 docentes —de un universo de 86,824— perciben apenas el salario mínimo, lo que equivale a un 4.99% del magisterio estatal. Esta situación no solo es una afrenta a la dignidad laboral, sino también un freno directo a la mejora del sistema educativo en el estado.

Aunque el gobierno federal ha anunciado un aumento salarial global del 9% retroactivo al 1 de enero, y otro punto porcentual adicional a partir de septiembre, los docentes del sur consideran estas medidas como un avance limitado. El presupuesto adicional de 36 mil millones de pesos y el crecimiento del presupuesto educativo a 1.05 billones de pesos para 2025 —equivalente al 3.2 puntos del PIB— son señales positivas, pero insuficientes para cerrar la brecha histórica.

A esto se suma un problema de representación gremial. Mientras el SNTE mantiene una línea de negociación institucional, la CNTE —mayoritariamente presente en el sur— sostiene una postura más radical. Sus demandas, que incluyen la derogación de la Ley del ISSSTE y la eliminación del sistema de cuentas individuales para pensiones, apuntan a un cambio estructural más allá de lo salarial. No obstante, la ausencia de propuestas concretas para reformar el sistema educativo limita el impacto de su movilización.

Es urgente un nuevo pacto educativo que reconozca a los maestros como trabajadores de la educación —y no únicamente como “agentes de la transformación”, como propone el discurso oficial de la 4T—, con derechos laborales plenos, salarios dignos y condiciones para ejercer su vocación en entornos adecuados.

La desigualdad educativa en el sur de México no es un problema exclusivo del sector educativo. Es, en esencia, una expresión de la desigualdad económica y social del país. Abordarla con decisión es una condición necesaria para el desarrollo incluyente y sostenible de toda la nación.

Quien ama la educación ama el saber, quien rechaza la educación se desprecia a sí mismo, diría la abuela.

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INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2024