Caminos del sur

Tormentas sobre terreno frágil.

La Región Pacífico Sur, se encuentra en una situación altamente vulnerable ante la temporada de lluvias y huracanes 2025. Esta zona, caracterizada por su compleja topografía, extensa franja costera y alta marginación social, enfrenta condiciones estructurales que agravan los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos y limitan la capacidad de respuesta y recuperación de las comunidades.

La ubicación geográfica de la región —en la trayectoria habitual de ciclones tropicales provenientes del Pacífico—, combinada con factores como la deforestación, el uso desordenado del suelo, la pobreza, y la falta de infraestructura resiliente, expone a millones de personas a consecuencias potencialmente devastadoras. Las lluvias intensas, los deslaves, las inundaciones y la erosión costera no sólo amenazan vidas humanas, sino que provocan pérdidas económicas significativas, especialmente en sectores clave como la agricultura, la pesca y el comercio local.

Con 260 km de litoral y 21 lagunas costeras que abarcan más de 76 mil hectáreas, Chiapas presenta una combinación peligrosa de factores de riesgo: topografía montañosa, pérdida acelerada de cobertura forestal y asentamientos en zonas propensas a inundaciones. Las regiones Istmo-Costa y Soconusco son particularmente vulnerables, y la degradación ambiental ha reducido la capacidad natural del terreno para absorber lluvias intensas, incrementando el riesgo de deslaves y deslizamientos.

Además, la pobreza estructural y la desigualdad social en muchas comunidades de Chiapas dificultan la implementación de medidas preventivas, generando un círculo vicioso de alta exposición y baja capacidad de recuperación tras los desastres.

Con 522 km de costa y una orografía predominantemente montañosa, Guerrero enfrenta graves riesgos por inundaciones, deslizamientos y erosión costera. La urbanización desordenada, la ocupación de zonas de alto riesgo por asentamientos irregulares, y la degradación de ecosistemas como manglares y dunas costeras, han disminuido las barreras naturales de protección contra ciclones y tormentas.

La falta de infraestructura adecuada y la debilidad institucional para aplicar medidas de ordenamiento territorial y protección ambiental agravan la situación. Esto se traduce en pérdidas recurrentes tanto materiales como humanas durante cada temporada de lluvias, impactando directamente en la economía local y estatal.

Con 234 km de litoral y más de 250 ríos que desembocan en el Océano Pacífico, Michoacán está expuesto a tormentas tropicales, ciclones e inundaciones asociadas a lluvias intensas. Municipios ubicados en grandes cuencas hidrológicas muestran mayor susceptibilidad a estos eventos, lo que repercute especialmente en la agricultura y la economía rural.

Además, la variabilidad climática, intensificada por el cambio climático, está generando patrones irregulares de lluvia y sequía. Esta oscilación climática compromete no solo la seguridad alimentaria, sino también la estabilidad económica de comunidades agrícolas que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad estructural.

Oaxaca, con 568 km de costa en el Pacífico, es uno de los estados con mayor exposición a fenómenos hidrometeorológicos. La combinación de deforestación, ocupación de zonas de riesgo y ausencia de planificación urbana efectiva eleva de forma considerable la probabilidad de desastres naturales. Municipios de la zona metropolitana de Oaxaca —como Etla, Tlacolula, Miahuatlán y otros— presentan alta concentración poblacional en áreas propensas a inundaciones y deslaves.

El deterioro de los ecosistemas, junto con la fragmentación institucional, limita la capacidad de prevención y respuesta ante eventos extremos, lo que deja a la población expuesta a riesgos severos y constantes interrupciones en sus actividades económicas.

La alta frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos en la región Pacífico Sur se ha traducido en daños acumulados a la infraestructura, pérdidas agrícolas, desplazamientos forzados y creciente presión sobre los servicios públicos. Los costos económicos de los desastres en esta región, aunque muchas veces subestimados, son considerables y afectan negativamente el desarrollo a largo plazo.

En este contexto, la implementación urgente de políticas públicas integrales en materia de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, ordenamiento territorial y restauración ambiental resulta indispensable. Invertir en prevención no sólo reduce pérdidas humanas y económicas, sino que representa una estrategia de desarrollo sustentable para una región históricamente rezagada y altamente vulnerable.

En la tardanza de la previsión se finca la tragedia, diría la abuela.