Caminos del sur

El rezago educativo

El 23 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de dos decretos tras intensas negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), uno de los sindicatos más disruptivos del país.

Entre los principales cambios se encuentran una reducción gradual en la edad de jubilación—53 años para mujeres y 55 para hombres a partir de 2034—y un nuevo criterio de antigüedad como base para los cambios de adscripción.

Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos del magisterio disidente, las medidas han sido rechazadas por amplios sectores del gremio, en especial en la Región Pacífico Sur, donde paradójicamente persisten las mayores carencias educativas del país.

La medida, que busca revertir parcialmente los efectos de la Ley del ISSSTE de 2007, se presenta como un gesto conciliador. Pero en los hechos, revela la incapacidad histórica del Estado mexicano para enfrentar de manera estructural las presiones sindicales, particularmente de una CNTE que desde hace décadas ha hecho de la protesta una estrategia permanente de presión política.

En Chiapas, Isael González Vázquez, líder de la Sección 7, desestimó por completo el decreto. Exige la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, a la que califica de “nefasta”, sin ofrecer una propuesta alternativa viable que considere la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En Guerrero, el conflicto se tornó interno: mientras Silvano Palacios Salgado, secretario general de la Sección 14, respaldó el decreto como un avance en la protección de derechos laborales, Flavio Montes Mondragón, secretario de trabajo y conflictos, lo tachó de incompleto, pidiendo elevar el tope de pensión de 10 a 15 UMAs, como en el IMSS.

En Michoacán y Oaxaca, las críticas se repitieron, insistiendo en eliminar las Afores, las UMAs y restaurar el régimen solidario, propuestas costosas, anacrónicas y de dudosa viabilidad fiscal.

Lo más preocupante es que estas demandas se sostienen sobre una narrativa de justicia social que evita discutir el verdadero problema: el rezago educativo.

En estas cuatro entidades, los indicadores de calidad educativa son los más bajos del país. Sin embargo, la CNTE y sus aliados rara vez colocan el aprendizaje de los alumnos en el centro de la discusión.

Su agenda se enfoca, casi exclusivamente, en beneficios laborales, sin asumir responsabilidades frente al deterioro del sistema educativo en sus regiones de influencia.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por su parte, muestra signos de fractura. Mientras algunas secciones respaldan el decreto como un paso en la dirección correcta, otras se alinean con la CNTE, revelando una lucha interna que debilita su capacidad de interlocución.

Esta división no es nueva, pero se acentúa con el nuevo gobierno y plantea dudas sobre quién realmente representa al magisterio nacional.

El enfrentamiento entre el magisterio disidente y el Estado no es nuevo. Se intensificó con la Reforma Educativa de 2013 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, y con la aprobación de la Ley del ISSSTE en 2007, que cambió el modelo de pensiones a uno de cuentas individuales.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se esperaba una distensión. Sin embargo, la CNTE nunca dejó de movilizarse.

Las reformas impulsadas por la 4T no cumplieron sus demandas de fondo, y la llegada de Sheinbaum tampoco parece modificar ese escenario.

Los nuevos decretos, aunque bienintencionados, no abordan el núcleo del problema. Son medidas limitadas, de alcance parcial (sólo aplican al personal incorporado al Décimo Transitorio, es decir, a un 30 por ciento del magisterio), y no modifican el sistema estructural de pensiones.

Más grave aún: al no exigir compromisos del magisterio para mejorar la calidad educativa, perpetúan el modelo clientelar donde el sindicalismo utiliza su poder de bloqueo y movilización como instrumento de negociación, sin rendir cuentas sobre el deterioro educativo.

Mientras los líderes sindicales exigen más beneficios, en las aulas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca persiste el ausentismo, la falta de formación docente, la precariedad en la infraestructura escolar y el abandono de millones de niños que no logran alcanzar aprendizajes mínimos.

Los alumnos, no los maestros, son quienes pagan el costo de este pulso político interminable.

Si el nuevo gobierno quiere marcar una diferencia, deberá atreverse a replantear la relación con el magisterio desde una perspectiva educativa, no clientelar. Los derechos laborales son importantes, pero no pueden seguir estando por encima del derecho a una educación de calidad.

En la región más rezagada del país, cualquier reforma que no ponga a los estudiantes en el centro está condenada al fracaso.

En ocasiones se debe decir entre tener la razón o resolver el problema, diría la abuela.