
Teléfono rojo
El embarazo adolescente no es cultura, es abuso.
El embarazo adolescente en México persiste como una grave crisis de salud pública, con consecuencias devastadoras no solo para la salud física y emocional de las adolescentes, sino también para su futuro y el de sus comunidades.
Aunque las tasas de fecundidad en este grupo han disminuido ligeramente en años recientes, la persistencia del fenómeno sobre todo en estados de la Región Pacífico Sur, revela que los esfuerzos gubernamentales siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, ciegos ante los verdaderos factores de riesgo.
Actualmente, se estima que hay 11.3 millones de adolescentes entre 15 y 19 años en México, de los cuales 5.5 millones son mujeres. El 17.9 por ciento de ellas ya son sexualmente activas, con una edad mediana de inicio de relaciones sexuales a los 17.5 años. A pesar de que un 59.4 utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, casi un 40 por ciento continúa sin acceso regular o efectivo a métodos de prevención, lo que refleja tanto una falla estructural como una desprotección sostenida.
Los gobiernos de la región Pacífico Sur han implementado programas enfocados en la educación sexual, el acceso a anticonceptivos y el acompañamiento a adolescentes embarazadas. Sin embargo, estas políticas omiten factores críticos: el abuso sexual infantil, la explotación sistemática de menores e incuso por el narcotráfico y los supuestos “usos y costumbres” que normalizan el acceso sexual a niñas y adolescentes, en ocasiones con la anuencia o incluso la complicidad de autoridades locales.
En estas regiones, donde la pobreza, la marginación y la desescolarización alcanzan niveles alarmantes, el embarazo adolescente no es solo consecuencia de la falta de información o de oportunidades. Es también producto de entornos profundamente violentos para las niñas. Las cifras lo confirman:
Chiapas encabezó en 2023 la lista nacional con más de 30 mil nacimientos de madres menores de edad. Alarmantemente, 803 de ellos fueron de niñas entre 10 y 14 años. Esto equivale a 413 nacimientos diarios, con una tasa de 21.7 por cada mil niñas y adolescentes entre 10 y 17 años.
En Guerrero, 9 de cada 100 nacimientos corresponden a madres adolescentes. Es el primer lugar nacional en embarazos de niñas entre 10 y 14 años. En mujeres de 15 a 19 años, la tasa es de 82.1 por cada 1000.
En Michoacán, aunque se ha registrado una disminución del 16.6 por ciento en la tasa de fecundidad adolescente entre 2016 y 2024, la cifra sigue siendo alta: 65.6 nacimientos por cada 1000 adolescentes.
En Oaxaca, a pesar de una ligera baja en los embarazos de niñas de 10 a 14 años entre 2010 y 2017, el problema persiste, particularmente en comunidades indígenas y rurales, donde los llamados “usos y costumbres” encubren prácticas de violencia sexual y matrimonios forzados.
Es crucial señalar que muchas de estas adolescentes no quedan embarazadas como resultado de decisiones desinformadas, sino de relaciones marcadas por el poder, la coerción y la impunidad. El consentimiento en niñas menores de 15 años, legalmente imposible, se ignora bajo pretextos culturales que, lejos de ser tradiciones, son manifestaciones normalizadas de abuso.
En vez de tratar el embarazo adolescente únicamente como un problema de educación sexual o acceso a servicios, los gobiernos deben reconocer el vínculo directo con la violencia sexual, el machismo estructural y la negligencia institucional. Ignorar estos factores perpetúa un sistema de desprotección y re victimización para las menores de estas entidades.
Para erradicar verdaderamente el embarazo adolescente en estas regiones no basta con repartir condones o impartir talleres: es urgente desmontar las redes de abuso, garantizar justicia para las víctimas y establecer políticas públicas con perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque comunitario.
El silencio ante la realidad no es neutralidad: es complicidad, diría la abuela.
Fuentes
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INEGI. Encuesta Nacional de Nacimiento 2023
Secretarias de salud de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca