Caminos del sur
Las mujeres buscadoras enfrentan una doble vulnerabilidad: por ser mujeres y por desafiar estructuras que las quieren silenciar. En su camino no solo hay fosas clandestinas, sino también piedras institucionales: trámites burocráticos, omisiones deliberadas, funcionarios indiferentes y fiscalías sin recursos ni voluntad. La violencia que enfrentan no es solo del crimen organizado: también es institucional y social, teñida de estigmas, criminalización y machismo.
El informe “Desaparecer otra vez”, de Amnistía Internacional, documenta que estas mujeres sufren amenazas, desplazamiento forzado y feminicidios. En la Región Pacífico Sur, donde confluyen diversidad cultural e histórica con una pobreza estructural, la situación es aún más crítica. La violencia se ensaña especialmente con mujeres indígenas, rurales y pobres, cuyas voces rara vez llegan a la agenda pública.
Radiografía del riesgo en los estados del sur
En Chiapas no hay una cifra oficial del número de colectivos. Se estima que la desaparición de personas aumentó un 76.8 por ciento en 2024, con 497 casos registrados, aunque no se dispone de cifras precisas. Las mujeres buscadoras trabajan en un clima de hostigamiento, silencio oficial y miedo impuesto por grupos armados. La geografía rural y la complejidad étnica dificultan aún más el acceso a la verdad.
Guerrero es uno de los epicentros de la desaparición forzada en México, con más de 7 mil personas desaparecidas en la última década. La violencia del crimen organizado y la colusión de autoridades obligaron a nueve colectivos a operar bajo protección federal. Sin embargo, la Ley en Materia de Desaparición Forzada sigue extraviada en los laberintos legislativos. Guerrero encarna la normalización del horror y la resistencia sin garantías.
En cuanto a Michoacán con 15 colectivos protegidos, es el estado con mayor número de organizaciones de búsqueda. La guerra por el territorio entre cárteles convierte cada jornada de búsqueda en un acto de valentía. Aunque hubo una ligera disminución de desapariciones en 2023 (2,072 casos), el contexto sigue siendo de alto riesgo, con frecuentes agresiones a las mujeres que buscan.
Por lo concerniente a Oaxaca, aunque tiene la menor tasa de desapariciones por cada 100 mil habitantes (102 casos), la crisis institucional y los conflictos sociales y políticos obstaculizan las labores de búsqueda. La invisibilización del problema, la falta de recursos públicos y la dispersión territorial agravan la situación de las mujeres buscadoras, muchas de ellas indígenas que enfrentan múltiples formas de exclusión.
El acto de buscar a un desaparecido en México se ha feminizado. No por azar, sino por abandono. Las mujeres buscadoras no solo enfrentan el crimen organizado, sino también la impunidad organizada. Su labor desafía los estereotipos de género, el orden patriarcal y el silencio impuesto. Construyen redes, levantan censos, excavan con palas, pero también con dignidad.
A pesar del desgaste físico y emocional, de la revictimización y del constante riesgo, estas mujeres siguen de pie. Son guardianas de la memoria y constructoras de justicia en un país que les debe más de lo que está dispuesto a reconocer.
La situación de las mujeres buscadoras en la Región Pacífico Sur revela un Estado ausente en sus deberes más elementales: proteger, buscar y garantizar justicia. Mientras no se garantice su seguridad, no haya rutas seguras y efectivas de búsqueda y no se reconozcan sus derechos como víctimas indirectas, hablar de seguridad en México es un eufemismo. Porque no hay seguridad sin justicia, y no hay justicia sin verdad.
Seguridad es justicia, no militarización, diría la abuela.
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Fuentes:
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Fiscalía General de justicia de Michoacán.
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CLB).
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
