
Teléfono rojo
La economía de la región Pacífico Sur —integrada por Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca— enfrenta una paradoja persistente: aunque hay expansión en el número de establecimientos y crecimiento moderado en algunos indicadores macroeconómicos, el desarrollo está severamente limitado por dos lastres estructurales: la informalidad y la inseguridad pública.
Así lo revelan los resultados definitivos de los Censos Económicos 2024 del INEGI, que ofrecen una radiografía detallada del tejido productivo en estas entidades durante el periodo 2018-2023.
El reporte analiza la cantidad de unidades económicas, el personal ocupado, ingresos, gastos y valor agregado, a nivel nacional, estatal y municipal.
En 2024, Chiapas reportó 339 mil 113 establecimientos que daban empleo a 1.09 millones de personas.
De éstos, 9 mil 910 abrieron operaciones ese mismo año, 105 mil 150 se ubicaron en zonas rurales, y 208 mil 717 correspondieron al sector privado y empresas paraestatales.
Sin embargo, detrás de estas cifras positivas se esconde una realidad preocupante: la fragilidad del empleo y el predominio de microempresas con baja productividad.
Además, la dispersión geográfica limita la integración económica del estado, mientras que la informalidad sigue minando la recaudación fiscal y la inversión.
Guerrero ilustra de forma clara el peso de la informalidad como obstáculo estructural. Aunque cuenta con 273 mil 301 establecimientos y más de 903,000 personas ocupadas, el 76.5 por ciento de los trabajadores se encuentran en la informalidad —la tasa más alta del país, frente a un promedio nacional de 54.3 (1T-2025).
Entre 2018 y 2023, las unidades económicas formales pasaron del 23.3% al 21.4%, mientras que las informales aumentaron del 76.7 al 78 por ciento. El personal ocupado formal también disminuyó, del 54.4 al 50.9 por ciento, lo que refleja un retroceso en la calidad del empleo.
A pesar de estos indicadores, la economía de Guerrero mostró un repunte de 4.82 puntos en los últimos dos trimestres, impulsada por sectores como el comercio, servicios y minería.
Municipios como Teloloapan incluso superaron a Taxco en valor agregado, gracias a la extracción minera.
Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para revertir los problemas estructurales.
La inseguridad, sumada a fenómenos naturales como los huracanes Otis y John, ha mantenido al estado en la posición 28 a nivel nacional en valor agregado, con apenas 0.7 fracciones de punto de contribución al total del país.
En Michoacán, el censo identificó 344 mil 935 establecimientos que emplean a más de 1.2 millones de personas.
El valor agregado censal bruto creció a una tasa promedio anual de 6.4 por ciento entre 2018 y 2023, con el comercio como sector líder.
Sin embargo, la economía estatal se encuentra fuertemente concentrada en tres municipios: Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, que generan más del 70 puntos del valor económico.
Esta concentración contrasta con una informalidad creciente, que alcanza el 67.9. Las microempresas predominan, pero son las grandes las que generan el mayor valor agregado, lo que revela una brecha profunda entre estructura empresarial y contribución económica.
Oaxaca presenta uno de los escenarios más críticos: 81.5 por ciento de sus unidades económicas operan en la informalidad, la cifra más alta de la región.
Este fenómeno, que afecta directamente la recaudación, la seguridad social y la productividad, limita cualquier intento sostenido de desarrollo económico.
El problema no es solo cuantitativo, sino cualitativo: la ausencia de políticas públicas eficaces para formalizar la economía ha perpetuado un entorno en el que la inseguridad jurídica, la baja capacitación laboral y la precariedad son moneda corriente.
Aunque los Censos Económicos 2024 ofrecen una visión amplia y detallada del aparato productivo regional, sus cifras también evidencian un patrón común en la Región Pacífico Sur: una economía que crece, pero no se desarrolla.
La informalidad no es solo una condición laboral: es un fenómeno estructural que debilita las bases del crecimiento. Y cuando a ello se suma la inseguridad pública, la falta de estado de derecho y una débil institucionalidad, el resultado es un ecosistema económico que avanza sin rumbo, sin ancla ni motor.
La región necesita con urgencia políticas integrales que combinen formalización, inversión en seguridad, estímulo a la productividad y descentralización de oportunidades económicas.
De lo contrario, las cifras seguirán creciendo, pero los problemas también.
La pobreza es una creación humana y solo los humanos pueden eliminarla, diría la abuela.
Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) Censos Económicos 2024.