Caminos del sur

La región pacífico sur estudia con migajas.

En México, la inversión en educación —tanto pública como privada— no se traduce de manera automática en mejores condiciones sociales y económicas. El gasto público, aunque significativo, padece de una asignación desigual que limita su impacto redistributivo, mientras que el gasto privado opera como un privilegio reservado a los hogares con mayores ingresos. Esta dualidad reproduce y amplifica desigualdades que no son corregidas por el sector público.

En la Región Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca), el panorama es especialmente crítico: los ingresos familiares son bajos y la proporción destinada a educación resulta insuficiente para compensar las carencias estructurales.

Ello ayuda a explicar el rezago social que caracteriza a estas entidades. Aunque el gasto público en educación básica favorece en mayor medida a los hogares pobres, el financiamiento hacia la primera infancia es limitado, y los apoyos a educación superior y posgrado terminan concentrándose en los sectores más acomodados. Esta tendencia persiste incluso tras la aprobación del Paquete Económico 2025.

Los datos disponibles reflejan el peso marginal que la educación tiene dentro del gasto corriente de los hogares en la región:

Chiapas: En 2024, el gasto trimestral en educación fue de apenas mil 679 pesos por hogar, una de las cifras más bajas del país. Esto debe entenderse en un contexto donde los ingresos familiares ya son los más reducidos a nivel nacional, con una brecha profunda entre hogares urbanos y rurales. En consecuencia, la educación queda rezagada frente a gastos básicos como alimentación, vivienda y transporte.

Guerrero: Los hogares destinaron 2 mil 274 pesos por trimestre (aproximadamente 758 pesos mensuales), lo que refleja una baja capacidad de asignación frente a otras prioridades de subsistencia.

Michoacán: Aunque presenta el mejor indicador de la región, con 2 mil 568 pesos trimestrales (856 pesos al mes), el gasto sigue siendo modesto si se compara con el costo real de garantizar trayectorias educativas de calidad.

Oaxaca: Los hogares reportaron 975 pesos mensuales en 2024, equivalentes al 8.6% del gasto corriente. A pesar de que el presupuesto estatal destinó el 31.4% del gasto público a educación (31 mil 266 millones de pesos), la mayor parte se concentra en educación básica, dejando desatendidos niveles medio superior y superior. El resultado es una estructura educativa fragmentada, con deficiencias en infraestructura, conectividad y servicios docentes.

En contraste, en la Ciudad de México el gasto familiar promedio en educación alcanzó 2 mil 505 pesos mensuales (11.3 por ciento del gasto corriente), lo que evidencia la magnitud de la brecha territorial y socioeconómica.

Si bien los programas federales y estatales, como La Escuela es Nuestra y las becas para la permanencia escolar, buscan mitigar estas carencias, su impacto real depende de una mejor focalización y de mecanismos de seguimiento más robustos. La inversión pública local, aún elevada en términos relativos, resulta insuficiente para contrarrestar la precariedad de los ingresos familiares y garantizar condiciones equitativas de acceso y permanencia escolar.

La baja proporción del gasto familiar destinado a la educación en la Región Pacífico Sur no es un simple indicador de consumo, sino un reflejo estructural de la desigualdad. Mientras no se logre una redistribución más eficaz del gasto público y un fortalecimiento de los ingresos familiares, la educación seguirá operando como un mecanismo que reproduce —en lugar de superar— el rezago social histórico de estas entidades.

No hay explicaciones para la desigualdad educativa, diría la abuela.

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Fuente: INEGI – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024.