Caminos del sur

La violencia que enloquece al Pacífico sur

El 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se renueva el llamado global a fortalecer la atención psicológica y psiquiátrica, especialmente en contextos de crisis. Este año, bajo el lema Acceso a Servicios: Salud Mental en Contextos de Catástrofes y Emergencias”, la reflexión adquiere una urgencia particular en México, y de manera acentuada en los estados de la Región Pacífico Sur (donde la salud mental se deteriora en medio de la violencia criminal, la pobreza y la precariedad institucional).

En esta región, los trastornos mentales tienen raíces profundas en la violencia ejercida por grupos del narcotráfico, cuyos efectos devastadores se reflejan en ansiedad, depresión, insomnio y trastornos de estrés postraumático. Sin embargo, los gobiernos locales carecen de la infraestructura, el personal especializado y los recursos financieros necesarios para atender una crisis silenciosa que se expande en las comunidades más vulnerables.

A pesar de la alta incidencia de problemas de salud mental, no existen estadísticas sistemáticas o actualizadas. La falta de especialistas, la escasez de infraestructura médica y la desigualdad socioeconómica impiden la recolección de datos, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. En consecuencia, los servicios de salud mental quedan relegados, y miles de personas enfrentan en soledad las secuelas emocionales de la violencia y la pobreza.

En Chiapas, el impacto psicológico de la violencia es cada vez más evidente. Durante los últimos tres años y medio, el estado ha permanecido bajo el asedio de los principales cárteles del país, que se disputan el control territorial mediante desplazamientos forzados, reclutamiento de jóvenes, desapariciones y ejecuciones. Este entorno ha provocado un incremento de pacientes con trastornos de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas, según reportes de hospitales y clínicas públicas y privadas.

Aunque las estadísticas oficiales siguen siendo insuficientes, el aumento en la demanda de servicios médicos refleja un “termómetro emocional” que permite dimensionar el daño social: la violencia ha erosionado el tejido comunitario, y las víctimas directas e indirectas enfrentan traumas no atendidos. Municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Frontera Comalapa y Chicomuselo son algunos de los más afectados.

En Guerrero, la violencia crónica del crimen organizado sigue siendo uno de los principales detonantes de crisis emocionales. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de organizaciones civiles, la constante exposición al miedo, las balaceras y los desplazamientos forzados ha dejado secuelas psicosociales profundas en miles de familias. En regiones como la Tierra Caliente, la población vive en un estado de tensión constante ante asesinatos, secuestros, extorsiones y enfrentamientos armados.

Durante mayo de 2025, enfrentamientos entre grupos criminales y bloqueos en municipios como Apatzingán y Buenavista provocaron la quema de vehículos y paralizaron comunidades enteras. Datos de organismos humanitarios revelan que en siete de cada diez casos atendidos entre 2015 y 2021, la violencia fue el detonante principal de las crisis emocionales que requirieron intervención psicológica.

En Oaxaca, aunque las autoridades reportan una disminución general en la incidencia delictiva, los homicidios de alto impacto en el Istmo de Tehuantepec continúan generando miedo e inseguridad. La población, especialmente en zonas rurales e indígenas, enfrenta un acceso limitado a servicios de salud mental, y las redes comunitarias intentan suplir con solidaridad lo que el Estado no provee.

En Michoacán, la disputa territorial entre grupos armados ha fragmentado a comunidades enteras y ha expuesto a la población a una violencia cotidiana que normaliza el horror. Los episodios de estrés postraumático y ansiedad se multiplican, mientras los servicios públicos permanecen rebasados.

La crisis de salud mental en la Región Pacífico Sur no es sólo un efecto colateral de la violencia: es también el reflejo del abandono institucional. La carencia de programas preventivos, la falta de atención temprana y el estigma asociado a los trastornos mentales perpetúan un ciclo de sufrimiento que amenaza con volverse estructural.

El Día Mundial de la Salud Mental no debería limitarse a un recordatorio simbólico, sino convertirse en un punto de inflexión para construir políticas públicas integrales que incluyan atención psicológica en contextos de violencia, capacitación a personal médico, y mecanismos de acompañamiento comunitario.

Mientras los gobiernos no prioricen la salud mental como un componente esencial de la seguridad y la justicia social, la violencia seguirá dejando heridas invisibles más difíciles de sanar que las físicas.

Lo más aterrador de la enfermedad mental es fingir que no la tenemos, diría la abuela.

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Fuentes

Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas (OMSMCD).

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).