Caminos del sur

Justicia hídrica o castigo

Las recientes propuestas de reforma a la Ley Nacional de Aguas han encendido las alertas entre los campesinos de la Región Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca). Aunque el espíritu de la reforma busca desmontar la visión mercantil del agua y privilegiar el uso doméstico y social, en el sector agrícola existe un temor creciente: perder el control y la certeza jurídica sobre derechos de agua que han sostenido la producción regional durante décadas.

La principal inquietud radica en que la ley podría reinterpretar como “delito hídrico” prácticas históricamente administrativas, como la renovación de concesiones, el uso comunitario del agua o la operación de sistemas tradicionales sin infraestructura certificada. Para los pequeños productores, que dependen de títulos frecuentemente desactualizados o gestionados bajo usos y costumbres, cualquier cambio poco claro en los criterios de renovación podría traducirse en pérdida de acceso al riego, afectando directamente su producción y sustento.

Aunque la modernización del riego es una necesidad reconocida, la reforma no establece de manera explícita los apoyos económicos, técnicos o de infraestructura que permitirían a los campesinos adaptarse a nuevos requisitos. En una región donde los márgenes de ganancia agrícola son reducidos y la inversión pública es insuficiente, imponer obligaciones sin financiamiento puede profundizar la vulnerabilidad productiva.

Además, en comunidades indígenas y rurales que gestionan el agua mediante sistemas colectivos asentados en usos y costumbres, la mayor centralización de la autoridad en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) representa un riesgo evidente. Un modelo más rígido y centralizado podría desplazar arreglos comunitarios que han permitido la distribución del agua en zonas donde el Estado históricamente ha tenido presencia limitada.

La problemática hídrica de la región agrava este escenario. La RPS enfrenta acceso desigual, infraestructura deficiente, contaminación creciente y efectos visibles del cambio climático. 

Muchas localidades carecen de agua potable por tuberías obsoletas, falta de mantenimiento y escasa inversión. Aun donde el agua llega, su calidad es insuficiente y requiere tratamientos que rebasan las capacidades locales. La contaminación de ríos y acuíferos por descargas agrícolas, industriales y domésticas reduce la disponibilidad de agua apta para los cultivos.

A esto se suman fenómenos climáticos extremos como son las  variaciones en los patrones de lluvia, sequías recurrentes e inundaciones que comprometen tanto la producción agrícola como la disponibilidad del recurso. La expansión urbana y el crecimiento industrial, sin planificación adecuada, han intensificado la sobreexplotación de acuíferos, agravando la escasez estructural.

La Región Pacífico Sur enfrenta un cuadro hídrico complejo: escasez, contaminación, infraestructura deteriorada y vulnerabilidad climática. En este contexto, toda reforma a la Ley Nacional de Aguas debe garantizar que la lucha contra el acaparamiento no derive en la criminalización de quienes utilizan el agua para subsistir. Para evitarlo, se necesitan reglas claras de transición, mecanismos de reconocimiento a los sistemas comunitarios de gestión y apoyos reales para modernizar el riego. Sin estas consideraciones, una ley orientada a la justicia hídrica podría terminar profundizando la desigualdad rural.

En un país donde la desigualdad hídrica es tan profunda como sus grietas sociales, cualquier reforma que busque transformar el modelo de gestión del agua debe reconocer la realidad rural y no ignorarla. Si el Estado pretende combatir el acaparamiento, debe hacerlo sin convertir a los campesinos en sospechosos por sobrevivir. 

La Región Pacífico Sur necesita reglas claras, acompañamiento técnico y financiamiento, no amenazas de judicialización. La verdadera justicia hídrica no se decreta: se construye desde abajo, reconociendo los derechos históricos, la autonomía comunitaria y la centralidad del campo en la seguridad alimentaria del país. Sólo así la Ley Nacional de Aguas será un instrumento de equidad y no un nuevo rostro de la desigualdad.

Las aguas supuestas ni mueven molinos ni quitan la sed, diría la abuela.