Caminos del sur

Un impuesto criminal que asfixia al Pacífico Sur

La extorsión en México se ha consolidado como uno de los delitos de mayor impacto económico y social, pero también como uno de los más subestimados en el diseño de políticas públicas. En la Región Pacífico Sur este delito opera como un impuesto criminal permanente, particularmente sobre pequeños comercios, MIPYMES y familias, distorsionando mercados locales, encareciendo bienes básicos y debilitando el tejido productivo regional.

A nivel nacional, la extorsión afecta a cinco de cada diez pequeños comercios, con una cifra negra superior al 90 por ciento, lo que significa que las estadísticas oficiales reflejan apenas una fracción mínima del fenómeno real. Para 2025, las pérdidas económicas acumuladas para el sector empresarial superan los 21 mil millones de pesos, posicionando a la extorsión como una de las principales causas de percepción de inseguridad y un freno estructural a la inversión.

En la Región Pacífico Sur, la extorsión no se manifiesta solo como un evento delictivo aislado, sino como una carga económica recurrente, integrada al costo de operación de los negocios. Los pagos semanales por “cobro de piso” oscilan entre 300 y 25 mil pesos, con un monto mínimo frecuente cercano a 2 mil pesos semanales, lo que puede representar hasta 25 por ciento de las ganancias de un pequeño comercio.

En Chiapas, durante 2023, el costo promedio por unidad económica ascendió a 31 mil 273 pesos, con antecedentes que en 2021 ya registraban montos de 39 mil 144 pesos. La extorsión es una práctica extendida, especialmente entre MIPYMES y hogares.

La magnitud del problema es aún más severa en Guerrero donde la extorsión representa 5.6% del total nacional, pero su impacto local es desproporcionado: la tasa es casi tres veces mayor que la media nacional. En 2024, la inseguridad —incluida la extorsión— generó un costo de 3.9 mil millones de pesos a los hogares guerrerenses, con un impacto promedio de 4 mil 399 pesos por persona afectada, profundizando la precariedad económica y la informalidad.

En Michoacán el crimen organizado obtiene ganancias anuales cercanas a 3 mil 600 millones de pesos solo por este concepto. El costo promedio para las empresas víctimas ronda los 37 mil 356 pesos, y el impacto por persona afectada supera los 7 mil 600 pesos. En sectores estratégicos como el aguacate y el limón, la extorsión funciona como un “impuesto de sangre” que termina trasladándose al consumidor, elevando los precios de los alimentos hasta en 20 puntos.

En Oaxaca, aunque los montos promedio por unidad económica son menores (22 mil 681 pesos en 2023), la tendencia es claramente ascendente. Las denuncias por extorsión crecieron 149% entre 2016 y 2024, pasando de 53 a 132 casos anuales, mientras que las pérdidas totales para las empresas por delitos —incluida la extorsión— superaron los 41 millones de pesos en 2023.

Desde una perspectiva económica, la extorsión actúa como un impuesto informal y regresivo, que castiga más severamente a quienes tienen menores márgenes de ganancia.

La extorsión se ha convertido en una de las formas más eficientes de recaudación del crimen organizado y, al mismo tiempo, en una de las fallas más evidentes del Estado mexicano. En la Región Pacífico Sur, este delito no solo vulnera la seguridad pública, sino que captura rentas, encarece alimentos, destruye márgenes de ganancia y condena a la informalidad a miles de pequeños negocios.

Mientras el Acuerdo Nacional contra la Extorsión siga apostando a la denuncia en contextos donde denunciar implica un alto costo personal y económico, su impacto será limitado. Combatir este delito exige reconocerlo como un problema económico y territorial, no únicamente policial: implica proteger ingresos, romper la lógica de rentabilidad criminal y ofrecer garantías reales a quienes sostienen la economía local.
De lo contrario, el mensaje implícito es claro y peligroso: en amplias zonas del Pacífico Sur, pagarle al crimen sigue siendo más racional que confiar en el Estado.
Cuando la ley del silencio se impone, es más letal, diría la abuela.

FUENTES
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVIPE) del INEGI.
Observatorio Nacional Ciudadano
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).