Caminos del sur

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

En términos de magnitud, se trata de uno de los esfuerzos de inversión más ambiciosos de las últimas décadas y envía una señal positiva sobre el reconocimiento gubernamental de que la inversión es un componente central para detonar el crecimiento económico.

El plan prevé un incremento adicional de 722 mil millones de pesos durante el presente año, equivalente a aproximadamente 2 por ciento del PIB, que se suma a la inversión de poco más de 900 mil millones de pesos ya contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde una perspectiva macroeconómica, este impulso podría tener efectos contracíclicos relevantes y contribuir a dinamizar sectores clave de la economía, particularmente en un contexto de bajo crecimiento reciente.

Aunque el diagnóstico general es adecuado, el principal reto radica en la ejecución y en la capacidad institucional para administrar proyectos de alta complejidad técnica, financiera y regulatoria.

El gobierno estima que, con este plan, el crecimiento económico podría acercarse al 3 por ciento; si bien este escenario es factible, es poco probable que se materialice en el corto plazo sin mejoras sustantivas en el entorno de inversión y en la eficiencia del gasto público.

Un elemento crítico aún pendiente es la definición clara de las reglas que regirán los proyectos mixtos y las asociaciones público-privadas, particularmente en el sector energético.

La falta de certidumbre regulatoria y contractual continúa siendo uno de los principales factores que inhiben la participación de inversionistas privados y el acceso a financiamiento de largo plazo, limitando el efecto multiplicador que este tipo de planes suele generar.

En la Región Pacífico Sur el plan contempla proyectos estratégicos de conectividad y logística, infraestructura vial y de transporte, infraestructura social, hídrica y energética, así como enfoques transversales orientados al desarrollo regional.

Estos estados concentran rezagos históricos y, en principio, podrían beneficiarse de manera significativa de un mayor gasto en infraestructura.

En el caso de Chiapas, la estrategia de inversión para el periodo 2024-2030 busca posicionar al estado como un hub logístico y comercial entre México y Centroamérica, fortaleciendo la conectividad ferroviaria y portuaria y reduciendo brechas sociales.

Sin embargo, el éxito de este planteamiento dependerá de que se logre atraer inversión privada complementaria y de mejorar las condiciones de seguridad, gobernanza y certeza jurídica.

Para Guerrero, el enfoque se centra en la reconstrucción post-desastres tras los impactos de los huracanes Otis y John, así como en la conectividad vial, los servicios básicos y la revitalización turística, con mayor énfasis en 2024-2025.

Aunque estas inversiones son necesarias, su impacto estructural será limitado si no se acompañan de una estrategia de largo plazo que reduzca la vulnerabilidad económica y fortalezca la confianza de los inversionistas.

En Michoacán, la inversión federal anunciada se concentra principalmente en carreteras (65 por ciento del total), logística portuaria en Lázaro Cárdenas, energía, salud, agua y educación.

El objetivo es convertir al estado en un nodo productivo relevante y atraer inversión privada; no obstante, persisten riesgos asociados a la inseguridad y al estado de derecho que podrían limitar la materialización de estos beneficios.

Por su parte, en Oaxaca el sector energético será el principal receptor de recursos, particularmente para los proyectos del Istmo de Tehuantepec, seguido por carreteras, autopistas, desarrollo ferroviario y sistemas de agua y saneamiento.

Si bien estos proyectos tienen un alto potencial de impacto regional, su éxito está condicionado a la coordinación interinstitucional y a la estabilidad de las reglas para los inversionistas.

En términos generales, el plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum constituye un mensaje positivo al reconocer que sin inversión no es posible elevar el crecimiento económico.

Sin embargo, para que este esfuerzo se traduzca en crecimiento sostenido, el país requiere mayor certidumbre regulatoria, fortalecimiento del estado de derecho y una ejecución impecable de los proyectos.

A la fecha, no existen resultados concretos del Plan México ni señales claras de mejora en la permanencia de capitales.

El año 2025 estuvo marcado por un estancamiento económico y una caída abrupta de la inversión, reflejo de un menor dinamismo y de la persistente desconfianza en el entorno de negocios.

De enero a noviembre de 2025, la inversión total se contrajo 7 por ciento respecto al mismo periodo del año previo, lo que evidencia que, pese al anuncio de grandes proyectos de infraestructura, los factores estructurales que inhiben la inversión privada en México aún no han sido superados.

El dinero crece en el árbol de la paciencia, diría la abuela.