Caminos del sur

Desde una perspectiva económica y de gobernanza territorial, la presencia de capital minero canadiense en la Región Pacífico Sur ha evidenciado una brecha estructural entre la rentabilidad privada de los proyectos extractivos y la internalización de sus costos ambientales y sociales.

La actitud omisa frente a las obligaciones de remediación ambiental y cumplimiento de acuerdos comunitarios ha intensificado tensiones sociales, debilitando la legitimidad de estas inversiones y generando un rechazo creciente hacia la presencia de dichas empresas.

El incumplimiento en materia de remediación ambiental constituye uno de los principales factores de conflictividad.

Diversos proyectos han concluido etapas de explotación o han suspendido operaciones sin implementar procesos integrales de restauración ecológica, dejando pasivos ambientales significativos: contaminación de agua y suelo, afectación a mantos freáticos por el uso de cianuro en procesos de lixiviación, deterioro de cultivos y pérdida de biodiversidad.

En términos económicos, estos pasivos representan una transferencia de costos hacia las comunidades locales y el Estado, configurando un problema clásico de externalidades negativas no compensadas.

Durante la reunión bilateral con autoridades canadienses, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó formalmente que el Gobierno de Canadá garantice que sus empresas concluyan los procesos de remediación ambiental pendientes en México.

Esta postura subraya que el tema ha trascendido el ámbito local para convertirse en un asunto de política exterior y de responsabilidad corporativa transnacional.

En Chiapas, la problemática ha sido constante. El caso de Blackfire Exploration Ltd., con el proyecto de barita “La Revancha” en Chicomuselo, es paradigmático.

Tras la suspensión formal de operaciones en 2009, quedaron pendientes procesos de saneamiento y atención a afectaciones comunitarias. A pesar de ello, se han reportado intentos de reactivación y mantenimiento de concesiones.

Asimismo, Fortune Bay Corp. mantiene concesiones de exploración en la zona de Ixhuatán (proyecto Ixhuatán), en un contexto donde organizaciones ambientales denuncian esquemas de opacidad en la gestión de títulos y compromisos socioambientales.

La falta de remediación efectiva y el incumplimiento de acuerdos sociales han erosionado la confianza comunitaria y fortalecido movimientos de resistencia territorial.

En Guerrero, la actividad de empresas como Torex Gold —a través de Minera Media Luna en Cocula— y Equinox Gold —operadora de la mina Los Filos en Carrizalillo— se concentra en la extracción de oro y plata en el denominado “cinturón de oro”. También destaca la presencia de Agnico Eagle Mines Limited.

La insuficiente remediación y la falta de mecanismos efectivos de redistribución del valor generado profundizan la brecha entre beneficios corporativos y costos territoriales.

En Michoacán, el enfoque ha estado en proyectos de exploración y desarrollo de metales base y preciosos. Destaca Defiance Silver Corp. con el proyecto Tepal (oro/cobre), así como inversiones vinculadas a Oroco Resource Corp. en cobre.

Aunque muchos proyectos se encuentran en fases preliminares, las experiencias en otras entidades han incrementado la cautela social frente a nuevas concesiones, especialmente ante la ausencia de garantías claras sobre remediación futura.

En Oaxaca, la minería de oro y plata ha tenido presencia relevante en Valles Centrales y Sierra Sur. Fortuna Mining Corp. —a través de Minera Cuzcatlán— operó la mina “San José” en San José del Progreso hasta su venta en 2025, aunque su presencia histórica ha sido objeto de críticas por el control extensivo de concesiones. También operan o han explorado en la región Gold Resource Corporation, Minaurum Gold Inc. y First Mining Gold Corp.

La transición en la propiedad de activos no ha eliminado las preocupaciones sobre pasivos ambientales acumulados ni la percepción de que los costos ecológicos han sido socializados mientras las utilidades fueron privatizadas.

La omisión sistemática en la remediación ambiental por parte de diversas empresas mineras canadienses ha generado un círculo de desconfianza, conflictividad social y debilitamiento del clima de inversión en la Región Pacífico Sur.

Desde el punto de vista económico, la falta de cierre responsable de proyectos incrementa el riesgo país sectorial, eleva los costos regulatorios futuros y compromete la viabilidad de nuevos proyectos extractivos.

La demanda del Gobierno mexicano hacia Canadá marca un punto de inflexión: la sostenibilidad de la inversión minera ya no depende únicamente de la rentabilidad geológica, sino de la capacidad de las empresas para internalizar plenamente sus impactos ambientales, cumplir compromisos sociales y restaurar los ecosistemas intervenidos. Sin estos elementos, la minería continuará enfrentando resistencia social estructural en el sur del país.

La ambición de encontrar oro enfrenta tormentas, diría la abuela.

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Referencias

Coordinación general de Economía

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)