Caminos del sur

Pacífico Sur: la región donde desaparecer también implica al poder público

En la Región Pacífico Sur la desaparición forzada de personas presenta patrones particularmente preocupantes, destacando la presunta participación de agentes gubernamentales en una proporción significativa de los casos documentados.

 Este elemento introduce un componente cualitativamente distinto frente a otras regiones del país, al evidenciar no sólo la acción de actores criminales, sino posibles vínculos, omisiones o aquiescencia por parte del Estado.

Existen indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas que podrían ser clasificadas como crímenes de lesa humanidad, en la medida en que responden a patrones generalizados o sistemáticos dirigidos contra la población civil en diversas entidades federativas.

Si bien no se ha identificado una política pública federal explícita orientada a la comisión de estos actos, sí se ha documentado información consistente que apunta a la participación directa de funcionarios públicos o a su autorización, apoyo o tolerancia en determinados casos.

Esta valoración se desprende del informe elaborado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), el cual concluye que la gravedad y persistencia del fenómeno ameritan atención internacional.

En consecuencia, el Comité solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas remitir de manera urgente la situación a la Asamblea General, con el objetivo de que se consideren medidas orientadas a fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia de prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.

El gobierno de México rechazó dicho informe, calificándolo como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, argumentando que omite avances institucionales logrados desde 2018 y que excede el mandato del Comité al ampliar indebidamente la definición de desaparición forzada.

No obstante, esta postura contrasta con la persistencia de casos documentados y con la percepción de organismos internacionales y colectivos de víctimas, que consideran la desaparición forzada como una crisis vigente.

Lejos de tratarse de un fenómeno histórico superado, la desaparición forzada en México constituye una problemática actual que puede ser caracterizada como una “herida abierta”.

Su atención requiere respuestas integrales, coordinadas y eficaces, que incluyan mecanismos de rendición de cuentas y, de manera relevante, una revisión crítica del papel de las instituciones de seguridad, particularmente en contextos de alta militarización.

Aunque el Estado mexicano atribuye la mayoría de las desapariciones a la delincuencia organizada, en la Región Pacífico Sur persisten evidencias de casos en los que funcionarios públicos han estado involucrados directa o indirectamente.

Esta situación se desarrolla en un entorno de violencia estructural que ha propiciado un incremento sostenido en el número de desapariciones, alcanzando niveles históricamente altos.

Los casos documentados en esta región reflejan la complejidad del fenómeno y evidencian fallas estructurales en los sistemas de procuración e impartición de justicia, donde la impunidad y la falta de transparencia han contribuido a su reproducción:

Chiapas: Se han registrado múltiples casos con presunta participación de autoridades. Destaca la detención de un ex comandante de la Policía de Investigación por su implicación en la desaparición de un joven en Siltepec, así como la detención de nueve policías municipales en Tuxtla Gutiérrez por la desaparición forzada de dos jóvenes. Investigaciones adicionales sugieren la posible implicación de más funcionarios.

Guerrero: El caso emblemático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa siendo un referente central, con evidencias que apuntan a la participación de policías municipales, así como posibles vínculos con fuerzas federales y autoridades locales, evidenciando un esquema de colusión institucional.

Michoacán: La vinculación a proceso de cinco policías por la desaparición forzada de tres personas en Maravatío (diciembre de 2024) refuerza la hipótesis de participación directa de agentes estatales en este tipo de delitos.

Oaxaca: La condena de un exsecretario municipal de Totontepec Villa de Morelos a 300 años de prisión por la desaparición forzada de cinco personas en 2017 constituye un caso paradigmático de responsabilidad directa de funcionarios públicos.

Estos casos evidencian que, particularmente en la Región Pacífico Sur, la desaparición forzada no puede entenderse únicamente como un fenómeno vinculado a la criminalidad organizada, sino como una problemática en la que, en numerosos casos, existen elementos de participación, tolerancia o colusión por parte de agentes del Estado.

Este factor agrava la crisis, debilita la confianza institucional y plantea desafíos sustantivos para la garantía de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Se les busca simplemente porque se les ama, diría la abuela.

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Referencias

Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM

Red lupa