Médula
La economía infectada
La crisis que ha desencadenado la enfermedad Covid-19 en todo el mundo revertirá en México los relativos avances en el combate a la precarización del empleo y la pobreza alimentaria logrados en los últimos 15 años.
Una de las consecuencias más dramáticas que tendrá la emergencia sanitaria es la caída de hasta 10.7 millones de personas en la pobreza extrema. Es decir, incluso usando todo su ingreso para comprar alimentos, no podrán adquirir lo indispensable para una nutrición adecuada.
Esa precarización social implica el riesgo de un fuerte en la gobernabilidad con lo cual se va tejiendo un cirulo vicioso donde la incertidumbre política genera precarización social y está a su vez incrementa el riesgo de perder la gobernabilidad.
El proceso de reapertura económica ha sido tímido e insuficiente en las medidas clave. Las decisiones tomadas son correctas pero no en las dimensiones del problema y remedio que plantea.
La Región Pacífico Sur, donde se ubica la franja de la pobreza en el país será una de las más afectadas y se trata de un territorio que se ubica en el umbral de la violencia social. Por lo mismo, una preocupación no menor radica en la gobernabilidad. Si no hay un rediseño institucional en materia política, de salud, de economía; las condiciones de desigualdad que encontró la pandemia se pueden incrementar.
En México eso significa poco crecimiento y baja productividad, pero también instituciones débiles que dependen de la voluntad de quien detenta el poder político total; es decir el presidente de la República quien quiera que este sea.
La pandemia del Covid-19 dejará graves secuelas en el mundo. Pero será más brutal en el aspecto económico.
En la región Pacífico Sur la pandemia pegó por todos lados: en el regreso de los migrantes a sus lugares de origen, en la caída de los indicadores turísticos, en la interrupción de nuestras exportaciones y obviamente, en la salud de la población, la cual está en riesgo.
Todavía nos falta por ver la “ruralización” del virus que ahora, pues hasta ahora la estadística y la evidencia se concentran en los centros urbanos.
Esa “ruralización” impactará todavía en Chiapas en donde la inmensa mayoría de sus más de 20 mil localidades son rurales y que por ende, se encuentran alejadas de la infraestructura de salud. Lo mismo que otras tantas en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
En el caso de Guerrero el sector privado advirtió que la falta de coordinación entre los tres niveles genera desconcierto por lo que lanzó un a reactivar la economía y hagan una bolsa para que los empresarios locales –grandes, medianos y pequeños-, puedan tomar sus medidas preventivas y asumir los costos en sus respectivos comercios de bienes y servicios.
En Oaxaca, para paliarlos, el gobierno estatal emitió por lo menos tres mensajes, en uno de los cuales presentó su plan económico… basado en compromisos financieros de hace siete meses y en créditos, que para las empresas y comercios que quebrarán, serán impagables.
En resumen, no se tiene la más remota idea de la grave crisis que comienza a permear en el sector comercial, turístico y empresarial; la pérdida de empleos será de más de los 20 mil que estima; la inseguridad y la pobreza se agudizarán; las inconformidades sociales también.
Por tanto son igualmente medidas adecuadas pero que no responden a diagnóstico completo.
En Michoacán el gobierno estatal diseñó un Plan Emergente para Proteger la Economía del estado con una bolsa de mil millones de pesos para financiar a 10 mil micro y pequeñas empresas familiares con créditos que van desde los 6 mil hasta los 250 mil pesos.
Y de igual manera la solución se entrampa en el burocratismo, por un lado y por otro en la expectativa de los ingresos en el corto plazo.
Y es que lo previsible hasta ahora es una afectación a la oferta por la disminución de la capacidad productiva como resultado de una caída en la fuerza de trabajo y la interrupción de las cadenas de suministro. Posteriormente, la demanda caerá producto de una caída del consumo por la insuficiencia de ingresos, una inversión que ya venía en picada y una contracción del gasto público por el desplome de los ingresos tributarios.
Es necesario ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta e implementar otras dirigidas a quienes pierdan su fuente de ingreso como resultado de la contingencia.
La respuesta de los tres niveles de gobierno debe ser proporcional al tamaño de la crisis que enfrentaremos.
Y la pobreza se vuelve peor cuando se le suman indiferencia y soledad, diría la abuela.