La elección enmascarada

Existe una correlación entre la inseguridad en que viven los municipios del país y su baja asistencia a las urnas.

Se trata de un cruce de datos que efectuó el Instituto Nacional Electoral a partir de las elecciones del 2015 y para ello se generó un Índice de Seguridad Pública (ISP) que considera percepción de inseguridad y la incidencia de delitos como extorsión, secuestro, robos con o sin violencia a bancos, robo de vehículos, de transeúntes y homicidios culposos y dolosos, todos denunciados ante autoridades locales y federales.

Las evidencias señalan que donde hay mayores niveles de inseguridad, también hubo mayor abstencionismo.

Los estados en los que fue más evidente esa relación fueron Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Por ejemplo, de los 2 mil 457 ayuntamientos del país, el más inseguro, con ISP de cero fue Ecatepec, aunque también la delegación Iztapalapa.

En el país se encuentran presentes problemas de inseguridad que vienen de años atrás derivados de la desigualdad en la distribución de la riqueza y la necesidad de fomentar la generación de empleos.

Habría que considerar otro factor: la cooptación o intimidación de los candidatos que les obliga a desistir de participar en una contienda electoral.

El consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero aprobó 17 renuncias de candidatos propietarios y suplentes a diputados locales, y reveló que aún quedan por analizarse 90 solicitudes de sustitución para los Ayuntamientos.

En este clima de violencia, no son pocos los que renuncian al cargo o declinan a su postulación por amenazas de la delincuencia organizada.

Aunque la Secretaría de Gobernación aseguró que no existen registros de amenazas a los candidatos, la posibilidad de que esto ocurra es real y estaría implicando que existe una elección en donde no participa la ciudadanía sino que se hace con los recursos de la delincuencia organizada.

Se trata entonces de autoridades que no responderán a los intereses ciudadanos sino del poder que los llevó a un cargo de representación popular.

Hay por lo menos un caso en el que la causa es muy explícita, se trata de Silvia Rivera Carbajal, candidata a diputada local del distrito 18 de Tierra Caliente de la coalición Juntos Haremos Historia y diputada federal por el PRI, quien señaló que renunció por amenazas y el clima de inseguridad.

Días antes también los brigadistas del Instituto Nacional Electoral se quejaron de las agresiones, amenazas y asaltos de que han sido objeto al desarrollar su trabajo.

Desde 2007, las elecciones en México han estado marcadas por la violencia criminal. En Guerrero, la violencia se disparó antes de las elecciones y rebasa la docena de casos en menos de año, en que las víctimas fueron aspirantes a candidatura, alcaldes y ex alcaldes.

Los factores revelan que el crimen organizado tiene interés especial en controlar nombramientos y los caminos de acceso a los cargos de elección popular y en esas circunstancias la votación es un simple trámite.

La corrupción, el soborno y la intimidación son elementos fundamentales en la relación entre los grupos del crimen organizado y funcionarios del gobierno.

Las organizaciones criminales sí están interesadas en influir en el sistema político, con el fin de alterar la composición del gobierno y su política pública en materia de seguridad. Dado que los grupos criminales operan a nivel local, estos buscan establecer redes de protección, también a nivel local.

En estas circunstancias, se pierde la confianza en las autoridades y en las instituciones, se fortalecen los poderes fácticos y se socava la incipiente vida democrática que tenemos.

Si a esto le sumamos las campañas de miedo y odio que se han desatado en las últimas semanas, se genera una mezcla nada favorable al uso de la razón y sí para el desenfreno de las pasiones.

Peor aún es que el pretexto de estas campañas es el de un patriotismo ramplón que se vuelve una expresión racista y segregacionista.

Hay amores que matan, diría la abuela.