Caminos del sur/Manuel Nava

Congresos estatales, otro escenario

Los congresos locales constituyeron pues la segunda joya de la corona que estuvo en disputa en las elecciones del pasado 6 de junio. Contrario a lo que suele pensarse, los Congresos estatales no sólo importan para redactar o desechar leyes: una de sus responsabilidades es aprobar y modificar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y llamar a rendir cuentas a quienes excedan los límites presupuestales.

Además, un Congreso Estatal tiene autoridad en muchos otros aspectos importantes en la vida social de las entidades, como son: educativos, legales, presupuestales, municipales, etcétera

 Otra de sus facultades consiste en poder aprobar la institución de un nuevo Municipio al interior del estado; designar un gobernador sustituto, si el gobernador titular faltara; cambiar provisionalmente la residencia de alguno de los tres poderes del estado entre otras más.

Sin embargo, entre todas las actividades que efectúa el Congreso Estatal destaca una especialmente importante. Tanto lo es que, para llevarla a cabo, deben colaborar todos los Congresos Estatales junto con el Congreso de la Unión. Se trata de la modificación de las leyes que conforman la Constitución y que, como sabemos, rigen a cada uno de las mexicanas, mexicanos y a toda la nación.

La Constitución es nuestra norma máxima. El mecanismo para cambiarla es distinto a cualquier otra ley. Los requisitos contemplan la necesidad de que al menos la mayoría de los congresos locales (17) apruebe la reforma constitucional

En la actualidad, Morena tiene mayoría en 11 congresos estatales: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En 10 cuenta con el grupo parlamentario con más integrantes, pero sin lograr el control en algunos casos, y en otros sólo lo alcanza en alianza con diversas fuerzas políticas. Se trata de los pertenecientes a Baja California Sur, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo (el cual no se renovará en estos comicios), San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Por su lado, el PAN tiene mayoría en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas; Movimiento Ciudadano, en Jalisco, y Nueva Alianza, en Nayarit.

Con una consistente caída en las preferencias electorales, el PRI sólo mantiene el control en Campeche, Yucatán y Coahuila.

Lo que estamos viendo es la transformación de la geografía política en la Región Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca) y un punto de contrastación es la integración de los respectivos congresos estatales. En lo general la región tiene 168 diputaciones de las cuales 101 son mayoría relativa y 68 de representación proporcional. Además, las referencias son las fuerzas políticas más dominantes.

Hace tres años en la RPS Morena alcanzó 54 diputaciones de mayoría; PT obtuvo 10 mientras que, el entonces Encuentro Social solo alcanzó 3 diputaciones.

En 2018 PRI PAN y PRD no contendieron en alianza, pero entonces el Revolucionario Institucional obtuvo 7 diputaciones el PAN 4 y el PRD 6.

En la representación Morena se llevó 21 diputados y el PT 2. En el caso del PRI fueron 18 diputados plurinominales, el PAN 5 y el PRD 8.

En 2021 concentrados en la polarización de las alianzas, a Morena le correspondieron 65 diputaciones de mayoría mientras que la alianza PRI, PAN, PRD, sumaría 23 escaños.

Debe precisarse que no en toda actuó la alianza Morena Partido del Trabajo más Partido Verde Ecologista de México,

Desde luego en la práctica los congresos estatales tendrán su propio comportamiento, pero habrán de enfrentar la misma agenda legislativa federal.

Durante su gestión, el presidente ha enviado al Congreso de la Unión diversas reformas legales, las más polémicas en materia energética. Los senadores y diputados de la República las han aprobado a pesar de que especialistas advirtieron su posible inconstitucionalidad.

En efecto, al pasar la revisión judicial, las reformas han quedado suspendidas porque los jueces han cumplido con su función: velar por el respeto a la legalidad y constitucionalidad. Ante este freno, el Ejecutivo incitó a remover el obstáculo: reformar la Constitución.

Cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar diría la abuela.