Caminos del sur/Manuel Nava

Cuando el matrimonio baja con mortaja

Una de las grandes tragedias que se viven en la región Pacífico Sur es el matrimonio infantil. Más que una vida matrimonial, se trata un hecho que encubre delitos como el rapto, la compra venta de personas, la violación de los derechos infantiles, entre otros más. No hay usos costumbres sino actos de barbarie bajo una argumentación que encierra profundos mecanismos de dominación.

En las complejas raíces del matrimonio infantil se encuentran la pobreza, la desigualdad, la discriminación de género y los estereotipos culturales, en donde la sociedad considera como algo normal y aceptable que las niñas se casen o sean madres antes de alcanzar la edad adulta.

En las entidades de la RPS se han modificado leyes locales buscando poner fin a los supuestos matrimonios infantiles.

El 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Pero, la ley no es suficiente, porque las uniones libres van en incremento y las niñas viven con sus parejas mucho antes de cumplir la mayoría de edad sin contraer nupcias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, en noviembre de 2019 prohibir que menores de 18 años contraigan matrimonio, sin embargo, la realidad en la RPS es muy diferente: uno de cada 33 adolescentes, mujeres y hombres de entre 12 y 17 años no son solteros.

Una de las consecuencias negativas del matrimonio y las uniones tempranas son los embarazos no deseados o no planeados.

En el país 23 mil 605 niñas de 12 a 14 años están casadas, viven en unión libre o se encuentran separadas de su pareja, es decir, no son solteras.

Además, los embarazos tempranos son un fenómeno creciente. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid) del Inegi, en 2009 ocurrieron en el país 70 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, 5 años después se incrementó a 77 nacimientos; mientras, los nacimientos registrados en niñas menores de 15 años, de 2009 a 2014, fueron 67 mil 379.

En Chiapas, niñas de 12 años, de contextos indígenas, rurales y en pobreza, están casadas o viven en unión libre, lo que afecta su proyecto de vida; si se habla de regiones indígenas, se han registrado casos en donde los padres obligan a sus hijas a casarse, utilizándolas como moneda de cambio. Entre la población indígena la situación de las niñas se agudiza y se refleja en su bajo nivel de logros educativos.

Hasta el 2017 suman mil 817 niñas en matrimonio infantil. Una de las consecuencias negativas del matrimonio y las uniones tempranas son los embarazos no deseados o no planeados.

En Guerrero, las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión que prohíben los matrimonios de menores son letra muerta. Son los propios jueces civiles, alcaldes o comisariados ejidales son testigos de la negociación que en ocasiones no sólo es dinero en efectivo porque la boda puede negociarse a cambio de ganado, guajolotes, un terreno o cartones de cervezas.

El caso de Angélica, es sólo uno que ilustra la situación que viven otras menores en comunidades indígenas de la Sierra, Costa y La Montaña de Guerrero.

De acuerdo a cifras disponibles hasta ese año del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero de 2011 y diciembre de 2017 hubo 143 mil 934 matrimonios en Guerrero, de los cuales 8 mil 847 fueron entre menores de 15 a 19 años de edad, la mayoría en zonas rurales.

En los últimos 19 años ha documentado al menos 200 matrimonios forzados, la mayoría esparcidos en los 19 municipios de la región de La Montaña, donde se concentran la mayor parte de los cuatro pueblos originarios en Guerrero: na savi, ñomda, nahuas y me´phaas.

Michoacán es una de las 15 entidades federativas donde a pesar de los cambios legislativos, las niñas de 14 años y los varones de 16 pueden contraer matrimonio de forma legal. Los partos prematuros son la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública que significa el embarazo en adolescentes.

Siempre con datos del INEGI, en2020 se encontró que en el estado de Oaxaca, de los matrimonios identificados, el 39.17 por ciento son infantiles, pese a que desde el año 2013 existe una legislación que prohíbe esta práctica.

El supuesto matrimonio infantil es socialmente aceptado e incluso fomentado entre los miembros de las comunidades indígenas, presentan variables que se enfocan principalmente en el beneficio económico que representa la unión (el matrimonio) para la familia, tanto que se da un periodo de preparación de las niñas y adolescentes para la unión.

Las reformas legales no sirven sin ir acompañadas de un cambio cultural.

La información de nada sirve, cuando se experimenta en el cuerpo propio, diría la abuela.

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Fuente

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

ONU Mujeres. Matrimonios y uniones tempranas de niñas