Caminos del sur/Manuel Nava

Entre bloqueos

Luego de siete de años en que estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los padres de los 43 normalistas desaparecidos han tomado las casetas de peaje de la autopista del sol para exigir cuotas voluntarias a los automovilistas y detener el flujo vehicular, efectivos de la guardia nacional y policía estatal con antimotines cercaron las casetas de cobro de Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta para impedir que fueran tomadas.

En un comunicado, el Comité de Padres y madres de familia de los 43 normalistas, dijo que “con este acto los gobiernos estatal y federal negaron nuestros derechos de libertad de expresión, dar información y protestar por la desaparición de nuestros hijos.”

El 15 de diciembre del 2020 Con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones se aprobó la reforma al artículo 533, así como la adición del 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación estableciendo:  las personas que restrinjan “de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte” serán sancionados con pena de dos a nueve años y multa de 200 a mil veces el diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, hasta 86 mil 880 pesos.

Quienes además de realizar el bloqueo de las vías carreteras condicionen el tránsito, impidan el cobro u obtengan un lucro, serán acreedores con hasta siete años de prisión y sanciones económicas de 750 a 1,000 UMA vigente al momento de la comisión del delito.

El bloqueo de las vías generales de comunicación, más que una forma de protesta y propaganda se ha convertido en un mecanismo de recaudación de fondos sin que tenga precisión de quienes son beneficiarios a pesar de que con antelación a la reforma, es un delito federal que se castiga hasta con 30 años de cárcel.

Para el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019 ascendió a 2 mil 458 eventos.

Las pérdidas por el no cobro de peaje en 2018 fueron de 821 millones 959 mil 408 pesos, y la tendencia describió un aumento: de enero a junio de 2019 se perdieron mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45 por ciento más que las pérdidas de 2018.

Mientras que en 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron 2 mil 443.

Estas actividades en la Región Pacífico Sur se han vuelto cotidianas y son llevadas a cabo por normalistas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Educación y en los casos de Guerrero y Oaxaca se han multiplicado los actores que deciden bloquear autopistas y carreteras como forma de protesta o de reclamo para que se atiendan sus exigencias.

El 13 de octubre del 2021, Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró que las organizaciones delincuenciales también están involucradas en la toma de casetas, por lo que no siempre se trata de una protesta o inconformidad social.

En Chiapas grupos que conforman la Asamblea Popular Regional de los Altos, no solo han protagonizado bloqueos sino además disturbios.

En Guerrero, se hizo cotidiana la toma de casetas de la Autopista del Sol por parte de la CETEG y los normalistas de Ayotzinapa.

En Michoacán se concentran 7 de cada 10 bloqueos y no solo son autopistas. En 2020 el bloqueo a las vías del tren sumó 344 días y una pérdida acumulada de 13 mil 76º millones de pesos.

Durante 2021 los bloqueos a las vías del tren en Uruapan superaron los 40 días y la perdida diaria promedio fue de 40 millones de pesos. Kansas City Southern México (KCSM), advirtió que dejarán de invertir en proyectos en Michoacán ante la falta de garantías en el paso de las mercancías por esa entidad.

Por cada día de suspensión de la circulación, la empresa dejó de armar siete trenes, pues se impidió el paso a más de 266 trenes por bloqueos solo en Michoacán en la primera mitad del año.

En Oaxaca, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acumuló de 2017 hasta junio de 2021, mil 985 carpetas por delitos contra la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Existe una industria del chantaje, que es utilizada por diversos grupos y organizaciones mediante bloqueos, razón por la cuál, en ocasiones incluso obstaculizan los esfuerzos de diálogo con las autoridades.

Las demandas de los diferentes grupos sociales que realizan estas actividades, pueden ser justas, pero los mecanismos de protesta utilizados constituyen afectaciones a terceros y a la economía nacional en general pues han inmovilizado cargas de alimentos y otro tipo de enseres.

No se trata de una criminalización de la protesta social sino de hechos que restan credibilidad y simpatía a tales demandas.

No se puede reclamar justicia cometiendo injusticias, diría la abuela.