Caminos del sur/Manuel Nava

Las fosas de conflicto social

El 30 de julio, las huelgas en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco cumplieron 15 años impulsadas por demandas como la seguridad en las minas, el reconocimiento de la representación sindical y el cumplimiento de distintos acuerdos violados por la empresa. En el caso de Taxco, se trata de un grupo de 177 trabajadores Integrantes de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero.

La minería mexicana ha crecido de forma inusitada en las dos últimas décadas. Este proceso es resultado del aumento exorbitante de los precios de los metales, la liberalización de la ley minera, la desregulación fiscal, la apertura al capital extranjero y la privatización de las minas pero también han proliferado los conflictos sociales.

Germán Larrea y Alberto Baillères ya fallecido son los dos más importantes mineros de México, el tercero es, creo, Carlos Slim. Las demás son mineras ­canadienses.

Desde 1998 hasta 2018, México fue el país que tuvo el número más alto de conflictos sociales de la industria minera en Latinoamérica, con 45 de los 254 incidentes registrados en la región.

Los conflictos sociales alrededor de la actividad minera, cada vez más severos y radicalizados, explican en buena parte que la producción minera aún no recupere sus niveles pre pandemia.

A la par, la alta incertidumbre política también ha desincentivado la puesta en marcha de nuevos proyectos que puedan reemplazar el progresivo agotamiento de algunas minas.

La Región Pacífico Sur cuenta con varios yacimientos mineros explotados principalmente por empresas canadienses y asociados a ellas están Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco y Peñoles.

En el estado de Chiapas se cuenta con los distritos mineros de Solosuchiapa, Chicomuselo, Simojovel así como las zonas mineralizadas de Arriaga, Ostuacán, Tenejapa y el Soconusco en los cuales se tiene la presencia de ámbar lateritas, caliza, cuarzo, barita, cobre, plomo, zinc, zhanghengita, oro, hierro y titanio, entre otros.

Los conflictos sociales son derivados de que en los municipios Acacoyagua y Escuintla, en la costa de Chiapas, la explotación de titanio afecta la calidad de las fuentes de agua de las comunidades, y sólo en esa zona hay al menos 21 concesiones mineras, de acuerdo con el Frente Popular en Defensa del Soconusco.

En Guerrero hay 600 concesiones mineras, pero sólo nueve o 10 de ellas son relevantes; hay inversión nacional y extranjera, que proviene básicamente de Canadá. Preservar el medio ambiente y tomar las medidas adecuadas en los yacimientos a cielo abierto, por la degradación que causan el uso de agua, cianuro y arsénico son las demandas de diferentes organizaciones sociales que se manifiestan en contra de las mineras.

En zonas mineras del estado hay hierro, pero también se puede extraer plata, zinc, plomo, oro y plata, principalmente.

Hasta diciembre del 2017, el total de concesiones mineras vigentes en Michoacán sumaba 780, en un área de 856,619 hectáreas (ha), mientras el territorio estatal estaba protegido en el 2004 con un 6.01 por ciento de su superficie en concesiones mineras tituladas, para el 2012 se incrementó a 18.71. En el 2016 se incrementó de modo considerable, al llegar a 23.97% de la cobertura estatal con 1138 concesiones.

En Michoacán existen 11 regiones mineras para la extracción de productos metálicos: oro, plata, cobre, fierro y plomo.

El Frente No a la Minería advirtió de conflictos sociales y afectaciones ambientales en al menos siete municipios y cuatro comunidades de diferentes regiones del estado de Oaxaca por las concesiones mineras en sus territorios que el gobierno federal ha otorgado.

En Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, comunidades se oponen a la expansión del proyecto minero San José, de las empresas Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines, y han advertido que el presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, en diversas ocasiones ha solicitado la participación de elementos armados ante protestas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Los integrantes de ésta argumentan que por mandato de asambleas comunitarias se han declarado los territorios como prohibidos para la minería desde noviembre de 2015.

Desde 2005, por medio de la Asamblea general acordaron hacer frente de manera legal contra la compañía minera Natividad y anexos y la Secretaría de Economía por emitir las concesiones vigentes en su territorio, por localizarse en zonas que abastecen de agua a dichas comunidades.

El Frente No a la Minería se mantiene exigiendo a la Secretaría de Economía la cancelación de todas las concesiones mineras en los territorios de las comunidades que integran el Frente, en particular los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1.

Estas concesiones fueron otorgadas a las empresas mineras: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Faustino Reyes Ruiz.

Ganancia inocente no la verás fácilmente, diría la abuela.

______

Fuentes

El Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, ONU.

Panorama Minero